Los aborígenes colombianos y las paradojas del desarrollo: el caso de los emberá katíos del Alto Sinú

Los aborígenes colombianos y las paradojas

del desarrollo: el caso de los emberá katíos del Alto Sinú*

Ana Milena Martínez Triviño**

Fredy Leonardo Reyes Albarracín***

Recibido: 12 de febrero de 2012

Evaluado: 15 de marzo de 2012

Aceptado: 11 de abril de 2012

Resumen

En 1992 se inicia la construcción la hidroeléctrica Urrá I, uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en la historia reciente de Colombia. Ubicada en la inhóspita y selvática región del Alto Sinú –noroccidente del territorio andino–, la licencia ambiental otorgada por las entidades gubernamentales soslayaron los impactos ecológicos y ambientales que la obra acarrearía, como también desconocieron la presencia del pueblo aborigen emberá katío, cuyos derechos constitucionales fueron vulnerados. Siguiendo los argumentos expuestos por el economista Karl Polanyi, el artículo explora las consecuencias ambientales, sociales y culturales provocadas por el proyecto energético, además de ahondar en la estrategia de violencia y exterminio que el paramilitarismo configuró para desarticular los procesos organizativos de los emberá katíos, lo que implicó la desaparición y asesinato de los dirigentes y líderes indígenas.

Palabras clave: aborígenes, mercancías ficticias, mercado autorregulado, violencia, paramilitarismo.

Colombian indigenous and the paradoxes of development:

the case of the emberá katíos from High Sinú

Abstract

In 1992 the construction of the Urra I hydroelectric begins, one of the most ambitious energy projects in the recent history of Colombia. Located in the inhospitable jungle region of High Sinú –northwest of the Andean territory– the environmental license granted by government entities ignored the ecological and environmental impacts the work would entail, and also failed to recognize the presence of the emberákatio indigenous people, whose constitutional rights were violated. Following the arguments presented by the economist Karl Polanyi, the article explores the environmental, social and cultural consequences caused by the energy project, in addition to delving in the strategy of violence and extermination that paramilitarism created to disrupt the organizational processes for the emberákatios, which resulted in the disappearance and murder of indigenous leaders.

Keywords: indigenous, fictitiuos merchanidise, self-regulated market, violence, paramilitarism.

Reivindicaciones políticas, sociales y culturales

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia se autodefine como un país pluriétnico y multilingüe (artículo séptimo), acogiendo a las poblaciones indígenas, negras, gitanas y raizales de las islas de San Andrés y Providencia como grupos étnicos que, en el marco de un Estado social de derecho, comienzan a tener a disposición herramientas jurídico-legales que los ampara y los define –tanto en el plano individual como colectivo– como sujetos de derecho. Para los integrantes de los 87 pueblos aborígenes reconocidos por el Ministerio del Interior y de Justicia, los avances en materia constitucional fueron altamente significativos, teniendo en cuenta que por más de un siglo las normas colombianas desconocieron a unas poblaciones que fueron catalogadas por la Ley 89 de 1890 como “salvajes que tenían que ser reducidos a la vida civilizada a través de las misiones eclesiásticas”. Uno de los avances más significativos estuvo en materia territorial, dado que el artículo 286 de la Constitución Política reconoció al resguardo como una entidad autónoma que, por primera vez, podía ser gobernada por autoridades indígenas tradicionales, quienes, de acuerdo con el artículo 246, se rigen por una jurisdicción especial que reconoce sus usos y costumbres.

La Constitución también estableció que los resguardos participarían de las rentas nacionales, teniendo la facultad de administrar los recursos transferidos, aspecto ratificado por la Ley 1454 de 2011 que determina las normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial en el país. A lo anterior se suma lo que consideramos el avance más significativo: la definición de los territorios de los pueblos aborígenes y afrodescendientes como áreas comunales inajenables, inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que ofrece una garantía normativa invaluable para preservar el derecho territorial. Lo anterior se vio reforzado cuando el Estado colombiano sancionó la Ley 21 de 1991, la cual incorporó a la jurisdicción interna el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

Siendo una de las normas más importantes para el respeto y reivindicación de los derechos de los pueblos aborígenes en relación con la tierra, la Ley 21 de 1991 estableció en su artículo sexto la obligación por parte del Estado a consultar con las poblaciones aborígenes, a través de procedimientos adecuados que contemplen a las autoridades representativas, cuando en los territorios se “prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. De igual forma, determinó que los pueblos tienen el derecho a decidir sobre lo que es prioritario respecto a su desarrollo, en la medida que este afecta “sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”.

Desde su incorporación en el marco jurídico interno, la ley se ha constituido en el instrumento más invocado por los pueblos indígenas y afrodescendientes para defender su derecho a decidir sobre los territorios, cuando los gobiernos proyectan la realización de obras de infraestructura (represas, hidroeléctricas, carreteras, puertos fluviales, exploraciones petroleras, explotaciones mineras, etc.) que afectan la integridad de las comunidades en el interior de los territorios. No obstante, cuando se revisan los documentos oficiales y las agendas económicas de los distintos gobiernos desde la promulgación de la Constitución de 1991, se evidencia la proyección de una serie de megaproyectos en territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes, que, en lo que respecta al tema energético, se enmarcan en iniciativas de alcance continental, por ejemplo la Iniciativa de Integración de Infraestructura de Suramérica (IIRSA).

En consecuencia, ha sido reiterativo, por parte de los distintos gobiernos, soslayar dos obligaciones contempladas en la Ley 21 de 1991: 1. La importancia de efectuar la consulta previa con las autoridades tradicionales de los pueblos aborígenes o afrodescendientes afectados por la realización de megaproyectos; 2. Realizar estudios de factibilidad cuestionables respecto a los impactos ambientales de las obras; estudios que, además, suprimen todo lo que atañe a las dislocaciones sociales y culturales que las obras provocan entre las comunidades residentes de las zonas afectadas.

El resultado de lo anterior se manifiesta en tres situaciones: 1. El reconocimiento de una vulneración de derechos por parte de la Corte Constitucional, cuya jurisprudencia o bien obliga al Estado a seguir lo fijado en la Ley 21 de 1991, o bien, a resarcir a las comunidades por los impactos causados cuando las obras han sido iniciadas; 2. Los organismos gubernamentales, en una dimensión política, han (re)validado la tesis en torno a que los pueblos aborígenes y afrodescendientes se constituyen en un obstáculo para el desarrollo económico del país, asumiendo, por un lado, que los megaproyectos son trascendentales para el desarrollo regional y nacional1 y, por otro, planteando que en la realización de estos megaproyectos debe primar el interés general –supuestamente representado por todos los colombianos– sobre el interés particular –representado por los pueblos aborígenes y afrodescendientes–; 3. En los territorios se desata un sistemático incremento de violencia por parte de los distintos actores armados (especialmente los grupos paramilitares), lo que debe entenderse como parte de una estrategia de violencia que tiene como principal propósito amedrentar a las poblaciones indígenas y afrodescendientes para que abandonen precisamente territorios estratégicos en términos económicos.

En ese contexto, se registran dos eventos disruptivos ligados bajo un mismo interés: 1. La masacre como acción límite que envuelve otro tipo de actos (desapariciones, asesinatos, torturas, acceso carnal a mujeres y niñas, especialmente) caracterizados por la degradación de la condición humana; 2. El desplazamiento forzado de población como estrategia militar que posibilita la apropiación de los territorios, generando un clima de miedo y tensión que garantice cualquier posibilidad de retorno2.

Polanyi y la ficción del mercado autorregulado

De acuerdo con Polanyi (1992), el mercado autorregulado, base del liberalismo económico, es una utopía que no puede implementarse por largo tiempo sin que ello implique una destrucción física del hombre, además de una impactante transformación de la naturaleza por depredación y agotamiento. Para el autor, el mercado autorregulado envuelve dos dinámicas complejas: 1. Separa la esfera económica de la esfera política, produciendo una economía desenraizada (disembedded economy) de las esfera social. Polanyi demuestra que la economía en las sociedades precapitalistas estaba enraizada (embedded) en lo social, es decir, estaba regulada por instituciones políticas, sociales y religiosas, integradas a través de la reciprocidad, la redistribución y el hogar como principios fundamentales. La relación se invierte, según Polanyi, cuando el laissez-faire se constituye en la matriz fundamental en la economía liberal; 2. Convierte hombre, tierra y dinero en mercancías, generando graves dislocaciones sociales. Las mercancías son definidas empíricamente por Polanyi (1992) “como objetos producidos para su venta en el mercado”, siendo los mercados escenarios que se definen por posibilitar “contactos efectivos entre compradores y vendedores” (p. 122).

Para el autor, la discusión está en que ni el hombre con su trabajo, ni la tierra como parte de la naturaleza, ni el dinero como símbolo del poder de compra y medio de pago son mercancías; por ello, no duda en catalogarlas como “mercancías ficticias”. Polanyi demuestra que si bien ninguna sociedad puede existir sin un modelo económico, en las sociedades tradicionales la economía no estaba determinada por el mercado. Lo interesante es que su argumentación apunta a mostrar el momento histórico en que la economía de mercado es concebida como producto de una dinámica natural, tesis aún vigente para justificar el rechazo a toda forma de intervención o interferencia externa en las políticas económicas actuales:

La historia y la etnografía señalan varias clases de economía, la mayoría de las cuales incluyen la institución de los mercados, pero no señalan ninguna economía anterior a la nuestra que se aproxime siquiera a la sociedad controlada y regulada por mercados (Polanyi, 1992, p. 92).

En consecuencia, Polanyi desnaturaliza la idea del libre mercado, señalando que su surgimiento fue producto de una imposición por parte del Estado liberal. Por ello, el autor remarca otro aspecto paradójico: las restricciones que siguieron al laissez-faire fueron espontáneas, idea obviamente rechazada por los liberales económicos ortodoxos3, quienes no solo vuelven a la concepción del laissez-faire como producto de un desarrollo natural, sino que además consideran que toda medida proteccionista fue un error, sobre el supuesto de que el mercado es capaz de resolver todas las dificultades. Polanyi, por el contrario, observa las medidas proteccionistas como un “doble movimiento” que frena las “dislocaciones” producidas, precisamente, por efecto de un mercado autorregulado que amenaza los intereses sociales.

Resulta interesante, entonces, el paralelo que establece el autor entre los impactos experimentados por las poblaciones inglesas en la consolidación del capitalismo durante el siglo XIX y los impactos sufridos por las culturas aborígenes africanas durante el proceso de colonización de finales de siglo XIX y comienzos del XX. En ese contexto, cabe destacar que ese paralelismo se puede (re)interpretar a los eventos contemporáneos que envuelven a los países emergentes como Colombia, mediante cuatro situaciones particulares:

1. La explicación en torno a cómo la tierra es una “mercancía ficticia” ofrece las bases actuales de los postulados ecologistas. El análisis del Polanyi (1992) indica que la tierra no solo forma parte de la naturaleza, sino que además está ligada a las instituciones humanas: “La tierra y la mano de obra no están separadas; el trabajo forma parte de la vida, la tierra sigue siendo parte de la naturaleza, la vida y la naturaleza forman un todo articulado. La tierra se liga así a las organizaciones del parentesco, la vecindad, el oficio y el credo, con la tribu y el templo, la aldea, el gremio y la iglesia” (p. 138). Este principio, no obstante, se rompe cuando en la economía liberal se separa al hombre de la tierra, y a los dos de la organización social, configurando la utopía del mercado autorregulado.

2. En consonancia con lo anterior, resulta interesante que la descripción hecha por Polanyi para explicar la separación del hombre, la tierra y la organización social en el siglo XVIII haga referencia a un proceso global que implicó en su etapa final la expansión a territorios internacionales y coloniales del modelo de producción excedente, por lo que es difícil no encontrar en tales argumentos una resonancia con los análisis contemporáneos que marcan los efectos del actual neoliberalismo económico, impuestos por el Consenso de Washington.

3. Ante las “dislocaciones” provocadas por el libre cambio internacional, se promovieron medidas de protección tendentes a frenar la destrucción de la sociedad rural. Reseña Polanyi que los Estados europeos organizados pudieron protegerse mejor, mientras las colonias no pudieron hacerlo ante la ausencia de gobiernos políticamente autónomos. Y nuevamente se puede establecer una relación entre los argumentos planteados por Polanyi para explicar los traumatismos sociales dos siglos atrás con los estragos que en la actualidad reconocemos en el libre comercio internacional.

4. Así como Polanyi indica que el “doble movimiento” fue controvertido por los liberales económicos ortodoxos (Spencer y Sumner, Mises y Lippmann), quienes consideraron la intervención como una reacción nociva y origen de las “dislocaciones”4, Stiglitz (1992) indica que en igual sentido se pronuncian los defensores del Consenso de Washington: “La clave para la transformación es ‘poner el precio adecuado’ y sacar al gobierno de la economía mediante la privatización y la liberalización [...] Esta ideología no entiende la naturaleza de la transformación misma, una transformación de la sociedad, no solo de la economía, y una transformación de la economía que es mucho más profunda de lo que sugieren sus simples recetas5” (p. 16).

Finalmente, quisiéramos destacar la reflexión que hace Polanyi en torno al fascismo como “movida” política que tuvo en la crisis de los mercados autorregulados una fuente de explicación, discutiendo con los analistas contemporáneos que atribuyen su surgimiento y consolidación “a causas locales, a mentalidades nacionales o a antecedentes históricos” (p. 297). Aunque para el autor los factores precedentes fueron preponderantes, el fascismo tuvo su arraigo en una economía de mercado en crisis. Explica el autor que en un primer momento, entre los años 1917 y 1923, se acudió al fascismo para impulsar y mantener un sistema económico, aunque ello implicara el sacrificio de las instituciones democráticas tanto en el campo industrial como político; en un segundo momento, el hundimiento de Wall Street y el abandono del patrón oro por parte de Gran Bretaña se constituyeron en eventos simbólicos que propiciaron la rebelión al statu quo por parte de aquellos países (Alemania, Italia y Japón), que, además, difundieron profusamente filosofías irracionales, estéticas racistas, discursos anticapitalistas y, en general, posiciones en contravía de cualquier postura democrática. De ahí la sentencia de Polanyi (1992): “El derrumbe del sistema internacional liberó las energías de la historia: los rieles fijados por las tendencias inherentes a una sociedad de mercado” (p. 308).

También es relevante señalar que en el proceso de consolidación del fascismo, Polanyi demuestra la independencia que este tuvo en relación con las manifestaciones populares. Sin bien el fascismo termina construyendo una religión política, la fuerza que lo potencia no está precisamente en el número de seguidores que se suman a lo que el autor denomina como una “movida”, sino en las personas de altas posiciones que apoyan las acciones que los líderes fascistas promueven, garantizando, además, el respaldo y la protección para que estos puedan enfrentar cualquier tipo de manifestación o revuelta. En consecuencia, las tácticas fascistas también encierran una rebelión “ficticia”, en la que las autoridades aparentan ser sometidas (p. 298).

Ahora bien, la perspectiva que plantea Polanyi ofrece elementos para comprender tanto la realidad económica como política colombiana. Respecto al primer campo, es claro que las autoridades económicas y monetarias de país defienden el modelo de mercado autorregulado, impulsando distintos tratados de libre comercio; por otra parte y aparejada a la política económica que sigue las recomendaciones emanadas de los organismos económicos internacionales, los últimos gobiernos han implementado directrices que poco a poco ha venido recortando las libertades democráticas, siendo la Seguridad Democrática, promovida por el presidente Álvaro Uribe Vélez, el escenario más trascendente. Estas políticas, que han tenido como justificación la lucha contra el “terrorismo” que representan los grupos insurgentes, tiene como uno de sus grandes lunares el fuerte y demostrado vínculo que las fuerzas armadas han tenido con grupos paramilitares. Aunque más adelante se ahondará sobre el particular, cabe señalar que la consolidación y expansión de estos grupos se registra en territorios considerados como geoestratégicos para la inversión económica.

Las paradojas del progreso para el pueblo emberá katío

Son varios los casos que podrían ejemplificar los planteamientos precedentes; no obstante, quisiéramos referirnos a lo acontecido con el pueblo aborigen emberá katío, asentado en el departamento colombiano de Córdoba, que desde el año 1995 sufre los impactos generados por la construcción de la represa Urrá I. Elegimos este caso por dos motivos esenciales: 1. Porque fue el primero que se registró tras los significativos avances que se suscitaron tras la implementación de la Constitución de 1991, lo cual resulta representativo, puesto que por esa misma época el entonces presidente César Gaviria Trujillo implementó medidas económicas que aceleraron lo que los documentos oficiales denominaron la “integración económica”, en tanto política que acogió las recomendaciones de los estamentos multilaterales en torno a las directrices impartidas por el Consenso de Washington; 2. Porque la región geográfica en el que se ubican las poblaciones aborígenes afectadas por la construcción de la represa coincide con la ubicación del principal grupo armado ilegal que jalonó el proyecto paramilitar.

Los emberá katíos6 se extienden por la costa pacífica y por la región noroccidental colombiana. Forman parte del grupo Êbêra, el cual también es integrado por los aborígenes emberá y emberá chamí. Habitan la parte alta de la cuenca del río Sinú, en un área estimada en 103.517 hectáreas que conforman el resguardo Êbêra Katío del Alto Sinú, territorio que coincide con el Parque Nacional del Paramillo, donde confluyen los ríos Esmeralda (Kuranzadó), Verde (Iwagadó) y Cruz Grande (Kiparadó)7. La recolección de frutos, la cacería, la pesca y el desarrollo de una agricultura itinerante, propia de las características ambientales que posee una selva tropical húmeda, configuran sus principales actividades económicas, aunque el consumo de pescado constituye su principal fuente de abastecimiento alimenticio.

Por su parte, el proyecto Urrá I se remonta al año 1992, momento en que se conforma la empresa Urrá S.A. y se presenta el proyecto “Multipropósitos”. La empresa nace para acelerar un proceso que formalmente surgió en 1971, cuando la Corporación Eléctrica del Caribe contrata un estudio de factibilidad para proyectar la construcción de una hidroeléctrica generadora de 300.000 vatios de energía. El estudio de factibilidad Urrá I y Urrá II se presenta en 1977, lo que lleva al gobierno de la época a declarar el área de ejecución de “utilidad pública”. Inmediatamente se establece un convenio con la empresa rusa V.O. Energo Mach Export para efectuar el diseño, suministro y montaje del equipo hidroeléctrico. Para 1982, el gobierno firma el contrato con la empresa sueca Skanska Conciviles para el inicio de las obras civiles. Lo particular de cada una de estas acciones es que desconocieron la presencia de los emberá katíos.

Seis meses después de creada Urrá S.A., el desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inderena) otorga la licencia ambiental para la construcción del proyecto Urrá I, iniciándose las obras civiles el 22 de julio de 1993. Uno de los golpes más fuerte y certeros recibidos por los aborígenes se produce el 13 de enero de 1996, cuando se desvía el cauce del río Sinú para poder construir la presa. A pesar de las reiteradas y documentadas protestas formuladas por los indígenas, la ejecución de las obras civiles culminan en 1999, año en que el Ministerio de Medio Ambiente otorga una nueva licencia ambiental, esta vez autorizando el llenado del embalse y la entrada en operaciones de la central hidroeléctrica Urra I, fechada el 15 de febrero del año 2000.

Aunque a lo largo de la década de los ochenta los emberá katíos protestaron contra las distintas acciones emprendidas para la construcción de la hidroeléctrica, cabe anotar que los aborígenes no contaban con los necesarios instrumentos jurídicos para reivindicar sus derechos. En consecuencia, el conflicto entre la empresa y los emberá katíos se configura cuando las entidades gubernamentales otorgan las respectivas licencias ambientales, puesto que desconocieron los distintos derechos contemplados en la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la OIT), entre ellos la consulta previa con las autoridades tradicionales. Se producen, entonces, una serie de reclamaciones que terminan con los acuerdos de octubre de 1996 en la que la empresa Urrá S.A., acatando lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-652 de 19988, se compromete a indemnizar a las poblaciones aborígenes. No obstante, las irremediables consecuencias vuelven a poner en discusión un modelo de desarrollo que, parafraseando a Polanyi, amenazan la supervivencia del pueblo emberá katío. Estas consecuencias se pueden vislumbrar desde cuatro dimensiones:

1. Tanto la desviación del río Sinú como la inundación de poco más de 400 hectáreas de bosque generó un desastre ecológico, representado en la descomposición de más de 7000 hectáreas de biomasas y la alteración de los ciclos de las especies piscícolas, entre ellas el bocachico, principal fuente proteínica. Aunque la empresa implementó proyectos para la cría de peces en estanque, los resultados han fracasado por la resistencia cultural que el aborigen tiene frente a una práctica que no forma parte de sus usos y costumbres.

2. La inundación del territorio incluyó sitios sagrados, lugares rituales, referentes simbólicos, escenarios de encuentro espiritual, provocando un impacto en las prácticas y representaciones sociales de los emberá katíos. Ese impactó no solo está en el trastoque que se experimenta en la relación espiritual propia de su cosmogonía, sino también en la irrupción de una serie de valores propios de la economía de mercado que erosionan “la tradición, la vejez y el conocimiento ancestral”.

3. Como parte de la estrategia adelantada por la empresa Urrá S.A. en los procesos de discusión con los emberá katíos, consistente en deslegitimar la autoridad infundida en los representantes aborígenes en las mesas de negociación, se fomentó una fragmentación organizativa que hoy se traduce en cuatro sectores, cada uno buscando reivindicar unos mismos derechos, soslayando el hecho de que están enfrentando a un mismo agente. Cabe resaltar que aunque tradicionalmente los emberá se han caracterizado por un carácter político difuso, al momento de estallar el conflicto había un solo cabildo.

4. Quizá uno de los efectos más traumáticos derivados de la construcción de Urrá I está en el paulatino incremento de la violencia contra los líderes de los emberá katíos. De acuerdo con los datos registrados por los Cabildos Mayores del río Sinú y Verde, las desapariciones, asesinatos, masacres y desplazamientos se constituyeron en las principales acciones en los territorios desde que comenzó el conflicto. No es coincidencia que un alto porcentaje de esas acciones tengan como agente responsable al paramilitarismo. Si nos atenemos a los estudios que sobre este fenómeno adelantó la Corporación Nuevo Arco Iris, el paramilitarismo no solo se limita a ser la expresión de un grupo armado que, con el apoyo de la fuerza pública, buscaba enfrentar a la insurgencia, sino que hay que entenderlo como proyecto político que configura en los grupos de autodefensa su brazo militar; un proyecto político que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez está representando por dos pilares básicos: la política de seguridad democrática y la inversión extranjera.

Los argumentos expuestos por Karl Polanyi en torno al fascismo y el mantenimiento de una economía de mercado adquieren relevancia para comprender el modelo económico y político de un país emergente, cuyas élites regionales se niegan a aceptar los cambios democráticos impulsados por la Constitución de 1991. Para la Corporación Nuevo Arco Iris, las declaraciones de los antiguos jefes paramilitares corroboran lo que en Colombia es un “secreto a voces”: la alianza entre dirigentes políticos, militares activos, compañías transnacionales, empresarios y paramilitares para imponer un esquema que en su desarrollo atacó tres frentes: 1. Injerencia en los sindicatos para imponer unas políticas labores consecuentes con los intereses de los patronos y de las transnacionales; 2. Recuperación de aquellas alcaldías que estaban en manos de la Unión Patriótica, movimiento de izquierda derivado del ala política de las FARC9; 3. Asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y desplazamiento de todo aquello que representara resistencia.

Lo perverso del esquema es que todo se suscitó con el aval de una clase dirigente que, ante la fuerza que adquirieron los procesos democráticos que se desprenden con la Constitución de 1991, decidieron impulsar una política que tuvo en el paramilitarismo una de sus principales soportes; de ahí la importancia que revisten las palabras de Carlos Castaño, extinto comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien sostuvo lo siguiente:

Ahí es donde aparece el “Grupo de los Seis” […] Ubíquelos durante un espacio muy largo de la historia nacional, como hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana: ¡La crema y nata! […] Ellos me convencieron de actuar patrióticamente y dedicar mi vida a la defensa del país, y entregarla si es el caso. Eran personajes de todo respeto y credibilidad, que por su edad avanzada vieron en mí la posibilidad de tener un hombre de la patria […] Sin ellos, quién sabe cómo hubiera adelantado yo una guerra sin norte (citado en Aranguren, 2001, pp. 116-117).

El paramilitarismo, entonces, ejecutó la parte macabra de un proyecto que debía “anular el cerebro a los que en verdad actuaban como subversivos de ciudad”, porque en su criterio no eran otra cosa que “guerrilleros de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) que se disfrazaban de militantes y de sindicalistas” (Aranguren, 2001, p. 115). No obstante, para las poblaciones campesinas, aborígenes y afrodescendientes, su único pecado ha sido tener asentamiento en unos territorios estratégicos; su único pecado ha sido defender sus derechos constitucionales, vulnerados por la construcción y proyección de una serie de megaproyectos10.

Memoria y resistencia a través del plan de vida

Siguiendo a Jelin (2002), hay dos posibles caminos para encarar lo que ella también denomina “los trabajos de la memoria”, entendiendo que es una actividad cuya capacidad de agenciamiento “genera y transforma el mundo social” (p. 14): por un lado, la memoria como herramienta teórico-metodológica que –desde distintas disciplinas y áreas de trabajo– buscan una conceptualización; por otro, la memoria como categoría social que involucra a unos “actores”, “agentes” o “sujetos sociales” que ponen en juego recuerdos, olvidos, saberes, sentidos, usos de los sentidos, emociones, etc. Jelin (2002) propone tres ejes desde los cuales la memoria se trabaja como proceso: el primer eje hace referencia al sujeto que recuerda y olvida; el segundo eje refiere los contenidos de los recuerdos; el tercer eje está en el cómo y cuándo se recuerda y se olvida (pp. 17-18).

Asumiendo la memoria como trabajo y proceso, para el caso que nos ocupa cabe destacar el trabajo que el pueblo emberá katío ha venido realizando para consolidar un plan de vida como estrategia que, por un lado, posibilite fijar unos sentidos sobre las disrupciones que provocó el proyecto a partir de los testimonios de integrantes de las distintas comunidades que habitan en el resguardo; por otro, construir unas líneas de acción tendentes tanto a minimizar los múltiples impactos generados por la hidroeléctrica como a propiciar dinámicas de cohesión social.

Este último aspecto quizá sea una de las apuestas más significativas. Como se señalaba párrafos atrás, una de las consecuencias más traumáticas para los emberá katíos radicó en la fragmentación política y social que provocó la construcción de la represa; la construcción del plan de vida fue un primer paso para propiciar una reflexión comunitaria que permitió ahondar en el re-conocimiento de los problemas experimentados por todos los pobladores. Ese ejercicio narrativo tuvo la virtud de consultar a los líderes comunitarios, a los maestros de escuela, a los promotores de salud…, pero también recogió las voces de algunos habitantes de distintas comunidades que no tienen propiamente una importancia política, social o cultural en un marco organizativo signado por la jerarquía.

Ese ejercicio, que formó parte de una apuesta metodológica, fomentó un sentido de unidad e identificación que vinculó memoria cultural11 y territorio. El objetivo no fue otro que concebir acciones que permitieran que los emberá katíos pudieran vivir en un territorio afectado por un megaproyecto. Para los mayores y las autoridades, ello pasa por afectar dos escenarios estratégicos que involucran a las generaciones más jóvenes: primero, la resignificación del territorio, para que las comunidades aborígenes tracen otras perspectivas de ordenamiento que contrasten con las visiones que impone el Estado como administrador del Parque Nacional Natural Paramillo; segundo, empoderarse de la escuela para que, a través de los contenidos curriculares de las asignaturas, los niños y jóvenes tomen conciencia respecto a no abandonar el territorio. No obstante, la tarea no es sencilla, y cada día emergen nuevos desafíos. Incluso, los cabildos mayores saben que su situación humanitaria puede empeorar en un futuro cercano, toda vez que se adelanta el trámite para el otorgamiento de otra licencia ambiental que posibilitaría la construcción de la segunda fase del proyecto Urrá, un nuevo embalse que inundaría alrededor de 54.000 hectáreas.

Referencias

Álvarez, S. (2004). Leviatán y sus lobos. Buenos Aires: Antropofagia - IDES.

Aranguren, M. (2001). Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Bogotá: Oveja Negra.

Assmann, J. & Czaplicka, J. (1995). Collective memory and cultural identity. New German Critique, 65, 125-133.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.

Polanyi, K. (1994).The great transformation. The political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press.

Polanyi, K. (2007). La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Taussig, M. (2002). Culture of terror: space of death. En Vicent, J. (Ed.). The anthropology of politics. A reader in ethnography, theory and critique (pp. 172-186). Malden/Oxford: Blackwell.