El derecho de petición prioritario y la extensión de la jurisprudencia unificada como elementos fundamentales para mejorar la reclamación de derechos en sede administrativa
The Priority Right of the Extension of Unified Jurisprudence as Fundamental Elements to Improve the Claiming of the in Administrative Proceedings
Resumen (es)
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) con su reforma a la Ley 2080 de 2021, establece fuertes intenciones por migrar asuntos litigiosos de sede judicial a sede administrativa. La desjudicialización de los asuntos litigiosos y el fortalecimiento de las competencias de la administración, de la mano de acciones como el mecanismo de extensión de la jurisprudencia unificada por medio de derecho de petición especial, o el derecho de petición prioritario, promueven, en teoría, la materialización de los asuntos que pueden y deben solucionarse en sede administrativa, en favor del ciudadano. El desconocimiento de los presupuestos teórico-normativos, por parte de la administración y por la falta de capitales sociales, del lado de los administrados, ha fomentado la letra muerta en dichas herramientas novedosas del CPACA, en detrimento de los intereses del constituyente, del Estado, de los fines del Estado y del espíritu de las reformas al CPACA.
Resumen (en)
The Administrative Procedure and Administrative Litigation Code (CPACA), as amended by Law 2080 of 2021, embodies a strong intent to migrate contentious disputes from the judicial to the administrative forum. The de-judicialization of litigation and the strenghthening of administrative competencies – through measure such as the extension of unified jurisprudence via a special right of petition or a priorized right of petition – purport to ensure that matters which can and should be resolved administratively are so addressed, to the citizen’s benefit. However, the administration’s lack of familiarity with the underlying theoretical and normative premises, coupled with the governed parties’ insufficient social capital, has rendered these innovative CPACA instruments ineffective, to the detriment of the constituent’s aims, the State’s interest and purposes, and the very spirit of the CPACA reforms.
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