Eliminación de la justicia penal militar en la Policía Nacional de Colombia en el posconflicto

Recibido: 3 de febrero de 2018 - Aprobado: 17 de marzo de 2018

Resumen

El objetivo principal de este escrito tiene como fin cuestionar la pertenencia de la Policía Nacional de Colombia a la justicia castrense en el posconflicto con una adecuación o correspondencia de algunos soportes y fundamentos de las categorías analíticas y elementos teóricos de la sociología jurídica. Actualmente sus miembros uniformados que se hallan en servicio activo, pueden ser investigados y juzgados por la justicia penal militar cuando cometen delitos en relación con la función policial. Una vez cese el conflicto armado, se propone la creación de una justicia especial que haga parte de la justicia penal ordinaria; inclusive, podría ser operada por miembros en retiro de la Policía Nacional. Pero nada impide que los operadores judiciales para estos funcionarios uniformados de la institución policial sean los jueces comunes a los demás colombianos, siempre y cuando se tengan en cuenta todas las circunstancias sociales, jurídicas, fácticas y demás aspectos psicosociales que puedan intervenir cuando se investigan, acusan o juzgan estos servidores públicos especiales.

Palabras clave: Policía, justicia, derecho penal, poder judicial.

Abolishing military criminal justice in the Colombian National Police in the post-conflict

Abstract

The main objective of this paper is to question the National Police of Colombia as being part of the military justice in post-conflict situations with an adaptation or correspondence from some supports and foundations of the analytical categories and theoretical elements of legal sociology. Currently, its uniformed members who are on active duty may be investigated and prosecuted by the Military Criminal Justice when they commit offenses in relation to police duties. Once the armed conflict ceases, the creation of a special justice is proposed that is part of the ordinary criminal justice, it could even be operated by retired members of the National Police. But nothing prevents that for these uniformed police officers the judges are the same as those for other Colombians, provided all the social, legal, factual and other psychosocial aspects that can be involved are taken into account when these special public servants are being investigated, accused or judged.

Keywords: Police, justice, criminal law, judicial power.

Eliminação da justiça criminal militar na Polícia Nacional da Colômbia, no pós-conflito

Resumo

O principal objetivo deste artigo é questionar a participação da Polícia Nacional da Colômbia na justiça militar, no pós-conflito com uma adaptação ou correspondência de alguns suportes e fundamentos das categorias analíticas e elementos teóricos da sociologia jurídica. Atualmente, seus membros uniformizados que estão em serviço ativo, podem ser investigados e julgados pela justiça criminal militar quando cometem crimes em relação à função policial. Uma vez que o conflito armado cesse, é proposta a criação de uma justiça especial, que faz parte do sistema de justiça criminal comum; poderia até ser operado por membros aposentados da Polícia Nacional.

Mas nada impede que os operadores judiciais para esses funcionários uniformizados da instituição policial, sejam juízes comuns aos demais colombianos, desde que sejam levados em conta todos os aspectos sociais, jurídicos, fácticos e outros aspectos psicossociais que possam intervir estes funcionários públicos especiais são investigados, acusados ou julgados.

Palavras-chave: Polícia, justiça, direito penal, poder judicial.

Introducción

El presente texto tiene como objetivo proponer que la Policía Nacional de Colombia, en el posconflicto, no debe continuar bajo el rigor de la justicia penal militar¹, sino, de pleno, en la justicia penal ordinaria.

El anterior postulado se justifica en consideración a la tradición eminentemente civilista de la institución policial colombiana y a que, en casi todos los países del orbe, los policías jamás son investigados ni juzgados por esta especialidad del derecho penal (la justicia penal militar), que quizá pueda esgrimirse y entenderse para los militares, aun cuando países como Argentina eliminaron esta justicia, incluso para los mismos militares.

La importancia de blandir esta idea y plasmarla en un proyecto de tesis radica en coadyuvar a crear consciencia en los mismos policías y en el resto de los colombianos, en lo desafortunado que sería, para la institución policial y para los postulados civilistas, continuar bajo la férula penal castrense en el posconflicto².

En la concepción de estos razonamientos, ha sido vital considerar la sociología y, específicamente, la adecuación o correspondencia de algunos soportes y fundamentos de las categorías analíticas y elementos teóricos de la sociología jurídica.

Las categorías analíticas de la cátedra de sociología jurídica que han contribuido y, por lo tanto, también concurren en el desarrollo del presente texto, serán: las teorías del condicionamiento social y de la dominación social; igualmente, se ha de considerar el aporte del elemento estratificación.

Gestación de la justicia penal militar en la Policía Nacional de Colombia

Todos los miembros uniformados de la Policía Nacional de Colombia, desde el 4 de mayo de 1954³, han sido investigados y juzgados por la justicia penal militar cuando han cometido delitos en relación con la función policial. Aunque el condicionamiento y dominación de los militares sobre la Policía se remonta desde su génisis, con la instauración de la justicia penal militar en su seno el sometimiento se incrementó.

En 1952⁴ solo una parte de los miembros de la Policía Nacional colombiana podían ser juzgados por la justicia penal militar. Para acceder a ese supuesto “privilegio”, se requería pertenecer a la Policía Militar, una especialidad policial que tenía como misión la de supervisar actitudes, composturas y la pulcritud de los demás policías en su actividad funcional y aún en el ámbito privado.

En Colombia, desde los albores de la civilización chibcha, los indígenas, después de las faenas agrícolas y de caza, establecían turnos para custodiar las chozas y proteger a los miembros de su incipiente comunidad aborigen de fieras, alimañas y bestias salvajes; pero los historiadores han convenido que la fundación de la Policía Nacional de Colombia ocurrió el 5 de noviembre de 1891⁵. Así, durante los 63 años anteriores a 1954, los miembros de esta institución, cuando cometían cualquier clase de delitos, siempre fueron investigados y juzgados por la justicia ordinaria. Solo en los últimos 59 años, los uniformados de la Policía Nacional pueden ser investigados y juzgados por la justicia penal militar. Serían seis décadas de condicionamiento, supeditación o claudicación de los miembros uniformados de la Policía Nacional frente a la organización castrense.

En el posconflicto, ¿será coherente que con la “civilidad” que ha alcanzado la institución a esta se le continúe sometiendo a la justicia penal militar? Si la Policía Nacional es un cuerpo de naturaleza civil⁶ y en Colombia existe expresa prohibición constitucional para que los civiles sean investigados y juzgados por la justicia penal militar⁷, ¿qué razones se pueden esgrimir para impedir que sus miembros uniformados puedan seguir siendo investigados y juzgados por esta especialidad del derecho penal?

¿Constituye un desafío o una afrenta a la independencia de la Rama Judicial, la creación de una justicia paralela dependiente del Poder Ejecutivo? La división tripartita del poder aconseja que el Ejecutivo no nombre ni destituya jueces. En Colombia, este confiere grados, nombra, traslada y destituye a los jueces de la justicia penal militar. ¿Con qué autonomía e independencia un juez militar, dentro de una estructura y jerarquía castrense, ubicado en un nivel o ‘ranking’ de acuerdo a su grado, puede decidir imparcialmente sin ningún condicionamiento?⁸

Para muchos eruditos y sensatos, la justicia penal militar en la Policía Nacional es innecesaria, superflua y prescindible. ¿Por qué otras Policías del orbe, para cumplir adecuadamente su misión, no requieren de una legislación penal especial? ¿Por qué algunas instituciones policiales sin esta justicia, tienen excelente reputación, innegable prestigio y un admirado desenvolvimiento profesional?

Al respecto y de conformidad con Del Percio (2010):

Los militares seguirán esgrimiendo justificaciones para lograr que esta justicia siga siendo la amenaza, intimidación y condicionamiento de la Policía Nacional; todo, porque los militares colombianos se han constituido en “[…] la ‘élite’ de intelectuales...” que se autoerige en el supremo tribunal de la razón (p. 122).

Contribución de la teoría del condicionamiento social en la implementación de la justicia penal militar en la Policía Nacional de Colombia

La sociología tiene como una de sus premisas que el ser humano posee una gran capacidad de aprender a través de la imitación. Se imita lo bueno, lo bello o lo altruista; también lo malo, lo feo, lo despreciable, lo abyecto o lo infame.

Cuando el ser humano imita las conductas de otros, está siendo condicionado socialmente. En la interrelación humana, se está condicionando a otros, pero, a su vez, se es condicionado. De alguna manera, el hombre manipula o condiciona a otros imponiendo arquetipos que determinan una jerarquía de necesidades, valores, actitudes y creencias. Surgen así seres humanos con personalidades dependientes y sumisas, que son llevados a cumplir un “rol social” que, en muchas culturas, se considera como un designio de Dios o de la naturaleza humana.

Este condicionamiento del hombre por el hombre permite concebir modelos que conllevan aparejados roles sociales que ubican al hombre en una estructura social, es decir, en la pirámide, rango o “jerarquía” de las clases sociales.

Según Del Percio (2010), “… es necesario volver a pensar la condición social. Volver a pensar de qué modo la sociedad es condicionada por los grupos y los individuos y, de qué modo, estos son condicionados por la sociedad…” (p. 13).

El mismo filósofo, sociólogo, abogado y escritor mencionado, manifiesta en relación con los cambios que se observan en las sociedades:

Significa tratar de entender la realidad para mejorarla […], usando sus categorías analíticas cuando conservan su potencial explicativo y no forzando la realidad para hacerla entrar en esas categorías. En ciencias sociales suele ocurrir que aquello que es un lente de aumento válido para ver mejor una sociedad, resulta un prisma distorsionado a la hora de mirar a otra sociedad (p. 27).

Con fundamento en las premisas anteriores, en Colombia surgió una “clase social” muy poderosa que condicionó la estructura, funcionalidad y el juzgamiento de los miembros de la Policía Nacional; también condicionó a los colombianos para concebir a la Policía como parte subordinada e inescindible de la organización castrense; este grupo de presión aún subsiste: se trata del estamento militar.

Los militares, en Colombia, siempre han ostentado el poder político; su capacidad para influir y condicionar han sido indiscutibles; sus ideas, percepciones, planteamientos y propósitos, en general, han sido acogidos como si se tratara de “la palabra divina”. Siempre, los militares han ejercido el poder político a través de dirigentes “civiles” afectos a su cultura e ideología: es el poder “detrás del trono”.

También, el poder político ha sido ejercido directamente por ellos. Ocurrió durante la “dictadura militar”, desde el 13 de junio de 1953, día del “golpe militar” por parte del general del Ejército Gustavo Rojas Pinilla, hasta el 7 de agosto de 1958, cuando asumió como presidente de Colombia el político Alberto Lleras Camargo.

La influencia y condicionamiento de los militares en la conformación actual de la Policía Nacional de Colombia han sido decisivos, irrebatibles y determinantes. Desde los albores de la creación y conformación de los mandos (oficiales) de la institución policial en el alma mater de la Policía Nacional, la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, sus instructores y profesores fueron militares. Aún hoy, en las actuaciones de policías colombianos, en sus formas y en sus procedimientos, se esgrimen “altas dosis” de ideología castrense. Y no es que lo castrense sea malo por naturaleza, es que lo castrense no conviene o no corresponde insertarlo a una institución de naturaleza civil.

Un ejemplo concreto acerca de la potencial influencia castrense en la Policía Nacional de Colombia se puede remontar al año 1943. En ese entonces, en el lugar donde se forman los oficiales de la Policía colombiana, el subdirector de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” era el mayor del Ejército de Colombia Gabriel París Gordillo. Con el correr del tiempo, el 28 de febrero de 1953, obtuvo el grado de general. Este, entre 1953 y 1958, fue comandante del Ejército de Colombia, ministro de Justicia, presidente encargado de Colombia y jefe de la junta militar que gobernó al país desde el 10 de mayo de 1957 al 7 de agosto de 1958. Por lo tanto, ¿cuál sería el condicionamiento de la Policía Nacional por parte de los militares, desde 1943 hasta 1958, es decir, durante más de ١٥ años, ejercido o impulsado directamente por un oficial del Ejército desde las altas esferas del poder político?

Otro ejemplo más reciente. A raíz de la crisis de la Policía Nacional de Colombia en 1993, el Gobierno nacional tenía un dilema: liquidarla o reformarla. Después de muchos debates en el Congreso de la República y en otros estamentos gubernamentales y no gubernamentales, se optó por una reforma. No obstante que la Policía depende del Ministerio de Defensa Nacional, furtivamente, el estamento castrense “imploraba” por su liquidación y supresión; si esto se lograba, las Fuerzas Militares crearían de inmediato su “cuarta fuerza militar”: La Guardia Nacional. Aún hoy, se espera y se añora un fracaso policial; así podrá “recogerse” lo mejor de la “extinguida” Policía Nacional y se conformaría su “cuarta fuerza”.

Al optarse por una reforma de la Policía, uno de los debates se centró en los grados que debían conferirse a sus miembros. Para los oficiales, se propuso trasplantar los grados de la Policía Federal Argentina, que se ajustaban mejor al concepto “civil” de la institución policial. Los militares se opusieron. Para que la reforma siguiera su curso los militares condicionaron su futuro a que los grados y los tiempos mínimos en cada grado de los oficiales de la Policía Nacional serían los mismos que los del Ejército. Así, la Policía continúa supeditada y alinderada por el pensamiento militar.

Al respecto, el pensamiento del maestro Del Percio (2009) se hace evidente:

A mí me gustaría que no existiesen diferencias de ninguna índole y que nadie tenga que estar más abajo ni más arriba que nadie. Pero mis deseos y la realidad tienen poco que ver y, como analista de la sociedad debo tratar de entender lo que efectivamente ocurre. Y la realidad nos muestra que, hasta ahora, no ha aparecido ninguna evidencia empírica de la existencia de una organización social relativamente compleja en donde todos fuesen absolutamente iguales (p. 43).

La influencia y condicionamiento de los militares no solo ha sido en la Policía, sino en el pueblo. A los colombianos les da igual que en las ciudades patrullen sus calles policías o soldados; lo importante para el ciudadano, y aún para las autoridades político-administrativas, es que se perciba una excelente “sensación de seguridad”. Incluso, los colombianos que desean abrazar o acoger una profesión en el “estamento armado”, en general, les es indiferente ingresar como oficial o suboficial de la Policía o del Ejército. Hay familias que tradicionalmente son proclives a abrazar la carrera de las “fuerzas armadas” y, entonces, por ejemplo, si son cuatro hermanos, todos son oficiales: uno irá al Ejército, otro a la Fuerza Aérea, uno más a la Armada y un cuarto a la Policía. Todos se sentirán realizados profesionalmente y, además, con la percepción de un envidiable estatus social.

La ascendencia, poder y condicionamiento de los militares sobre la Policía Nacional de Colombia tal vez tiene su mayor incidencia en el ámbito de la justicia penal militar. Para los militares, investigar, acusar y juzgar policías puede constituir una sensación de dominio y de poder inimaginables. Ha de ser indescriptible la emoción que embarga a un militar cuando frente a él tiene en el “banquillo” de los acusados a un policía. Aplicando la novedosa teoría de la “valoración crítica de la prueba a cargo del juez”, en manos del militar está la absolución o condena del policía que bajo su potestad se halla. Con este rol social del militar como juez del policía, ¿no se condiciona a los policías para manifestar sumisión e idolatría hacia el militar? Obvio que sí. Porque, tarde o temprano, el policía estará en “manos” del militar del que, en la consciencia de este último y en la argumentación jurídica que la respalde, dependerá su suerte.

Pero, ¿por qué surgió la idea de implementar la justicia penal militar en la Policía Nacional de Colombia? Probablemente el profesor Del Percio (2010), tenga la respuesta: “En ciencias sociales suele ocurrir que aquello que es un lente de aumento válido para ver mejor una sociedad, resulta un prisma distorsionado a la hora de mirar a otra sociedad” (p. 27).

Como se dijo en la introducción de este escrito, todos los miembros uniformados de la Policía Nacional de Colombia, desde el 4 de mayo de 1954, han sido investigados, acusados y juzgados por la justicia penal militar cuando cometen delitos en relación con la función policial. Por consiguiente, al año 2013, durante los últimos 59 años, los miembros uniformados de la Policía Nacional podían y aún pueden ser investigados y juzgados por la justicia penal militar.

Con todo, ¿por qué los miembros de un cuerpo de “naturaleza civil” pueden ser investigados y juzgados por la justicia penal militar? La respuesta sería la siguiente: porque así lo decidió y condicionó quien ostentaba, en el momento, el poder político. El 13 de junio de 1953 el general del Ejército Gustavo Rojas Pinilla, mediante un “golpe de Estado”, asumió la presidencia de la República. Para lograr un mejor “atrincheramiento” en el poder, 27 días después dispuso la dependencia de la Policía Nacional del Comando General de las Fuerzas Militares como componente de la “Cuarta Fuerza”⁹.

Obviamente, ya no se le denominaría Policía Nacional, sino “Fuerzas de Policía”. A estas se les nombró, como su “comandante”, al general del Ejército Deogracias Fonseca Espinosa y como jefe de su Estado Mayor, al coronel del Ejército Guillermo Padilla Manrique. Además, en todos los niveles de dirección y mando se nombraron oficiales del Ejército; así, se aseguraría el deber de obediencia, el condicionamiento adecuado y el control suficiente del estamento militar sobre el policial.

El general del Ejército Gustavo Rojas Pinilla, presidente de la República de Colombia, para lograr un mejor sometimiento y condicionamiento de los miembros de “las Fuerzas de Policía”, les implantó, la justicia penal militar¹⁰. En otras palabras, les ofreció “garrote y zanahoria”. “Garrote”, pues quien “rechazara” una orden del servicio impartida por un militar, sería investigado, juzgado y condenado por el delito de “insubordinación” e iría a prisión; o quien, simplemente, “no cumpliera” una orden del servicio, cometería el delito de “desobediencia” y, de esta manera, purgaría cárcel. Pero, por otro lado, habría “zanahoria”, pues si un policía cometía un delito “no militar”, es decir, aquel que podía ser cometido por cualquier particular, prácticamente se le aseguraba la impunidad. Naturalmente, a los policías siempre se les promocionó las bondades de la presunta “zanahoria”, pero nunca acerca de la perversidad, sujeción, doma, sometimiento y condicionamiento que se buscaba con el “garrote”.

El posconflicto, sería el momento propicio para que a los policías de Colombia, se les trate como a cualquier ciudadano que infrinja la ley; o mejor, como a cualquier servidor público que cometa un delito. Sería el momento para acabar con el “garrote” que busca condicionar, dominar o reprimir; sería el momento para que a los policías no se les cuestione por presuntas dosis de impunidad que ofrecería la justicia penal militar.

En verdad, hoy los policías prefieren ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria; en esta existen mejores oportunidades de defensa y especiales beneficios como la detención domiciliaria, el principio de oportunidad, la prisión domiciliaria o el brazalete electrónico como sustituto de la detención o la prisión, privilegios que no contempla la justicia penal militar. Es más, debido al “cuestionamiento” que hoy existe sobre la justicia penal militar de Colombia, en la actualidad no se vislumbra ninguna “consideración” o comprensión sobre la actuación del policía en un procedimiento; al contrario, se le trata en forma ofensiva e insultante; en otras palabras, policía que “caiga” en las “garras” de la justicia penal militar, prácticamente no tiene oportunidad de absolución. Todo porque, ante el cuestionamiento existente, ahora la justicia penal militar se muestra inflexible y, como corolario, “injusta” en contra de los policías que, por alguna razón, llegan al “banquillo de los acusados”.

Conclusión sobre el condicionamiento militar sobre la Policía Nacional de Colombia

La Policía Nacional de Colombia, como grupo social organizado jurídicamente, siempre ha sido condicionada por el estamento militar, es decir, por otro grupo social jurídicamente organizado.

El mayor condicionamiento se produjo a partir del 13 de junio de 1953, cuando los militares se tomaron el poder político e incluyeron a la Policía Nacional como su “Cuarta Fuerza”, integrante del Comando General de las Fuerzas Militares. El condicionamiento se incrementó a partir del 4 de mayo de 1954, cuando los militares impusieron a la Policía Nacional el “yugo” de la justicia penal militar con el ánimo de sojuzgar, subyugar o doblegar la voluntad de sus miembros uniformados, siempre simulando o fingiendo mayor benignidad.

¿Acaso se acerca ya el momento para que cese o, por lo menos, se mitigue tanta influencia castrense en lo policial? Tal vez se podría traer a colación la famosa arenga de un prócer de la independencia colombiana: “Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de doce horas seréis tratados como insurgentes: ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan”¹¹.

El posconflicto sería el momento o el pretexto ideal para que cese el “yugo” o condicionamiento de los militares sobre la Policía mediante la justicia penal militar. Si el conflicto armado termina, no habría “combate” de policías con el “enemigo”; la Policía se dedicaría a cumplir sus dos funciones primordiales: la prevención del delito y la protección de las personas. Así, todo delito cometido por un policía lo asumiría la justicia ordinaria. Se colocaría a la Policía Nacional en el lugar que le corresponde: como una institución de naturaleza civil que, en caso de la comisión de un delito por parte de uno de sus miembros, este sería investigado y juzgado como “cualquier” otro civil, sin prerrogativas, pero tampoco sin sojuzgamientos, es decir, sin condicionamientos del estamento militar.

Aporte del elemento estratificación y de la teoría de la dominación social que coadyuvaron a implementar, en La Policía Nacional de Colombia, la justicia penal militar

Así como la sociedad procura imponer a los grupos o instituciones sus tradiciones, pautas, creencias, valores, competencias, principios, dogmas y, en general, estilos y maneras de comportamiento, de manera idéntica ocurre entre los grupos sociales. Un grupo que, por anexión, llega a donde otro, es presionado u obligado a acoger los fondos y las formas que posee el grupo dueño de casa.

Como se expresó en la introducción de este escrito, la Policía Nacional de Colombia, a partir de 1954 “debió” depender del Comando General de las Fuerzas Militares; a este la Policía le fue adosada o añadida por conveniencia o necesidad, mas no por afinidad y menos por afecto o simpatía. A la institución, “recién llegada”, se le impuso el llamado régimen castrense con sus virtudes y sus defectos. Este régimen quizá tenga un cúmulo de virtudes cuando se aplica a una institución castrense, pero, irremediablemente, muchos defectos cuando su destinatario es un conglomerado o grupo de naturaleza civil. Tan antagónicos son los dos grupos que, uno, el militar, por filosofía siempre tiene al frente un “enemigo” al que se debe aniquilar o destruir; mientras que el otro, el policial, por principio deontológico, siempre tiene delante a un “amigo” o a una persona a quien se debe ayudar o proteger. El militar tiene como principio “vencer o morir”; el policial tiene como filosofía “salvar para vivir”. En la filosofía militar se tiene como sentencia: “si el enemigo no muere, el muerto soy yo”; en cambio, en la filosofía policial, se tiene como apotegma: “mi vida depende de la vida del otro”.

A la Policía Nacional como advenediza, foránea o ajena a la “élite” militar, se le estratificó, niveló o ubicó en una escala jerárquica o piramidal por quien tenía el poder de dominación: el estamento militar. A la Policía, ni siquiera se le consultó la posibilidad de depender del “jet set” marcial, solo se le notificó. ¿Cuál sería, entonces, el criterio central que definiría esa estratificación en un ámbito militar, unilateralmente concebido solo por militares? ¿Qué lugar ocuparía un grupo civil común, intruso y, acaso, inoportuno, dentro de un estamento militar?

El criterio ideado por los militares para estratificar a las “Fuerzas de Policía”, sería la antigüedad del egreso de sus oficiales. Esta dependería del momento de la fundación o creación de sus escuelas de formación de los mandos, es decir, de sus oficiales. Así, en Bogotá, la Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, institución en donde reciben formación y capacitación los futuros oficiales del Ejército Nacional de Colombia, fue fundada el 1º de junio de 1907¹²; por consiguiente, se ubicó en el primer lugar.

En Cartagena, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante José Prudencio Padilla”, lugar donde se forman los oficiales de la Armada Nacional, fue fundada el 6 de julio de 1907¹³; por esta razón, se enclavó en el segundo lugar.

En Cali, la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, sitio de formación de los oficiales de la Fuerza Aérea, fue fundada el 31 de diciembre de 1919¹⁴, correspondiéndole el tercer lugar.

Por último, en Bogotá, la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, alma mater de los oficiales de la Policía Nacional de Colombia, fue fundada el 7 de julio de 1937¹⁵; le correspondería la zaga o parte trasera.

Con este criterio de estratificación, no obstante por ejemplo, que la Policía Nacional nació en 1891¹⁶, mucho antes que la Fuerza Aérea Colombiana¹⁷, a la institución policial se le otorgó el nivel del “recién llegado al estamento castrense”, sin importar que, mucho antes de la conquista por parte de los españoles, es decir, antes de 1492, hubo “serenos” que se encargaban de velar por la seguridad de las personas, mientras que sobre los pioneros de la aviación mundial, los hermanos Wright, solo se afirma que lograron su primer vuelo el 17 de diciembre de 1903.

Así que se categorizó a la Policía en el último lugar dentro de un régimen castrense. Se aplicó el mismo criterio que, en general, aplican las universidades cuando un doctor en filosofía quiere hacerse abogado: se le estratifica como un simple neófito, primerizo o principiante, no obstante el cúmulo de conocimientos y habilidades que lo hacen mucho más docto o sabio que sus propios profesores. Por la “razón de la fuerza de las armas”, un grupo, denominado castrense, domina a otro, a la Policía Nacional, por el solo hecho de ser ubicada por los mismos militares en el sitio equivocado y, quizá, en el peor de los lugares.

Esta estratificación social de la Policía Nacional por parte de los militares, permitió avasallar, someter y doblegar; en otras palabras, permitió ejercer la dominación social de una estructura militar sobre un estamento civil. Las consecuencias hoy se palpan: Colombia tiene hoy una Policía con estilo, actitud y arraigo castrenses; en general, la ciudadanía ve en el policía la prepotencia, la tosquedad, la aspereza y hasta la ordinariez y la chabacanería. Es una herencia que, a pesar de los esfuerzos por “el cambio hacia la civilidad”, aún se mantiene.

En este proceso de estratificación, a la Policía Nacional, sin ser bienvenida sino tolerada a regañadientes, se la agrega a un estamento militar en donde su proximidad o correlación es incompatible. Se la clasificó en un ‘ranking’ ubicándola en el último lugar, es decir, su nivel estaría después del último de los militares.

Hay militares que defienden esta estratificación manifestando que el criterio central para ubicar a la Policía en el último lugar, gravitó de acuerdo al prestigio o aprobación que, en el momento, tenía la institución policial frente a la población colombiana. En verdad, si la ubicación en la escala hubiese sido por el grado de aceptación o aquiescencia en la comunidad, en el primer lugar debería estar la Armada Nacional y no el Ejército, pues, por ejemplo, la presencia de un marino uniformado en Bogotá o en otras ciudades del interior del país es para el ciudadano tan remota, novedosa, agradable y sensacional, que quizá solo sería comparable con lo distante y fantástico que podría ser la presencia en Colombia del argentino Jorge Mario Bergoglio, es decir, del papa Francisco. Es que el grado de aceptación por parte de la comunidad está en relación directa con el grado de intervención o presencia para dirimir conflictos de los miembros de esa institución policial entre la gente. Un marino uniformado es una novedad para los habitantes del interior de Colombia; son militares que, aún en las costas pacífica y atlántica, casi nunca tienen alguna intervención ni dirimen conflictos frente a los ciudadanos. Se constituyen, entonces, en “figuras” para “ver y no tocar”. Entre más intervención institucional frente a la comunidad, menos admiración y, como resultado, beneplácito negativo o antipatía hacia sus integrantes.

¿Qué tipo de estratificación se hizo con la Policía Nacional de Colombia por parte de los militares? Si se considera que “[…] se pueden reducir a cuatro los tipos de estratificación, según que el criterio dominante sea las características raciales, el apellido, el dinero que se tiene o el dinero que se gasta” (Del Percio, 2010, p. 82), se puede inferir que el tipo de estratificación sería el estamental, no de apellidos, pero sí de familias o de clases.

En este caso, la clasificación por estamento es el estrato de un conglomerado, “definido por un común estilo de vida o análoga función social”¹⁸. Este estamento, por lo menos en la jerarquía de los oficiales, tiende a ser una agrupación cerrada, pues se entra en él, normalmente, después de un “riguroso” proceso de selección, pero también con una alta dosis de apalancamiento o de influencias, aunque existe la posibilidad de promoción social por méritos. No obstante este tipo de estratificación, ¿cuál sería el común estilo de vida que podría relacionar a un policía con un soldado? ¿Cuál sería la análoga función social que desarrolla un policía en relación con la de un militar? Deontológicamente, tanto el estilo de vida como la función social del policía, distan mucho de la del soldado; es más, es tan antagónica como, según Marx, la del burgués y la del proletario.

No es que la Policía pretenda luchar contra la estratificación por franjas o capas. “Por cierto, desde antiguo, existe el anhelo teórico de generar sociedades plenamente igualitarias, pero la experiencia habla en contra de esa posibilidad. […] siempre habrá dirigentes y dirigidos, gobernantes y gobernados, el grupo dominante y dominado” (Del Percio, 2010, p. 81).

Lo que ocurre es que la clasificación debe hacerse entre instituciones homogéneas, análogas o semejantes. Y nada semejante existe entre un militar y un policía, a no ser que lo que quiera asimilarse sea el uniforme o el arma de fuego de dotación oficial, ya que, generalmente, tanto el uno como el otro los portan. Estratificar al policía relacionándolo con el militar, es similar a comparar peras con patatas, a Salvador Dalí con Michael Jackson o al agua con el aceite. Tampoco es que los policías se puedan considerar de mejor “estatus” que los militares, pues ambos grupos, quizá excepto la oficialidad, provienen de los mismos sectores de la población que, en general, tienen carencias, dificultades, privaciones o penurias. Ambos tienen como misión la seguridad y la protección; la Policía, en el ámbito interno: la protección y seguridad de los habitantes; los militares, en el ámbito externo: posibles violaciones de otros Estados a la “soberanía nacional” o la pretensión de la toma del poder por “alzados en armas”.

En relación con el “estrato” de donde provienen los integrantes de las fuerzas de seguridad, no podemos resistirnos a transcribir un pasaje del profesor Enrique M. Del Percio (2009), bastante descriptivo de la realidad colombiana:

[…] no todos los países reaccionan de la misma manera para enfrentar el delito violento, que es el que afecta en forma más clara y manifiesta la convivencia social. […] América Latina eligió una estrategia distinta: salvo algunas excepciones, en general tiene fuerzas de seguridad mal remuneradas, con lo que sus cuadros tienden a provenir de los sectores más carenciados; estos detienen a otros pobres que, a su vez, roban a otros pobres (pues los ricos tienen custodias y viven en barrios con seguridad privada) y van a parar a las cárceles donde son vigilados por miembros del servicio penitenciario¹⁹, que también gana magros sueldos. Allí aprenden a delinquir²⁰ mejor y a odiar a una sociedad que es incapaz de brindarles ninguna esperanza de futuro.

Mientras tanto, los mismos sectores medios y altos que viven en la exacerbación del consumismo, delegan toda la responsabilidad en el sistema penal. Cuando es afectado alguno de los miembros de esos estratos superiores, lo primero que atinan a hacer es exigir al Estado el endurecimiento de las penas e inculpar a esa misma Policía mal pagada, mal equipada y mal tratada, por no haber brindado la seguridad suficiente (pp. 64-65).

Retomando la idea acerca de la dominación e inspiración del aire o ademán militarista de los policías colombianos, en realidad: ¿qué es lo que más ha influido para que los policías sean proclives a las actitudes castrenses? Sin lugar a dudas, el haberlos incluido en la justicia penal militar. Por esa decisión devinieron dos grandes consecuencias: en primer lugar, sobrevino el sometimiento, la sujeción y la reducción de la institución policial por parte de los militares, como se ha disertado en los párrafos anteriores. En segundo lugar, apareció la prepotencia, la atarbanería²¹, la grosería, la patanería y la irreverencia del policía, pero no hacia los militares, sino hacia la comunidad, asunto que se irradió especialmente contra las personas más humildes, pobres o desvalidas.

El lugar ideal para irradiar prepotencia, autosuficiencia o petulancia por parte del policía, eran los llamados “puestos de control” o “retenes preventivos”. En ellos, los únicos que recibirían un trato digno, considerado, decoroso y apropiado serían los militares y, por temor a Dios, los clérigos. Los demás ciudadanos recibirían un trato despectivo, peyorativo y hasta humillante; entre los despreciados estarían los propios jueces y fiscales que no fueran de la justicia penal militar. Obviamente, si los policías nunca caerían bajo el “yugo” de la justicia ordinaria, ¿qué razón habría para irradiar hacia ellos sentimientos de consideración, respeto y sumisión?

En Colombia se acerca el posconflicto armado; los policías no enfrentarían a enemigos que se deberían aniquilar en “combate” sino solo a delincuentes o a manifestantes violentos; si esto ocurre, la justicia penal militar en la Policía Nacional se percibiría como anacrónica, absurda, irracional e insensata. Podría catalogase al policía como un funcionario más del Estado y, por tal razón, si comete un delito en relación con su función debe ser investigado y juzgado por la justicia ordinaria.

Los defensores de la justicia penal militar en la Policía Nacional manifestarán que, excepto los policías, ningún otro funcionario público de Colombia está obligado, con fundamento en la teoría de la “posición de garante”²², a proteger a las personas en la calle ni a exponer y sacrificar la vida en ejercicio de su cargo; que ningún otro funcionario público de Colombia comete actos punibles equivalentes a aquellos en que puede incurrir el policía en ejercicio de su función. Dirán que en Colombia, cualquier funcionario público está facultado pero no obligado a capturar; en cambio el policía sí lo está, pues para eso cuenta con el respaldo de las “armas de dotación oficial” que son monopolio del Estado; lo mismo ocurre frente a allanamientos y a reyertas o manifestaciones públicas violentas.

Sin embargo, los defensores de la aplicación integral de la justicia ordinaria a los policías, expresarán que, en estos casos, entrarán en juego la sindéresis, el razonamiento y el discernimiento tanto del fiscal como del juez al momento de la imputación o del juicio. Que se analizará cada caso, en concreto, por parte de un fiscal y un juez, que se presumen conspicuos, reputados e insignes. Que surgirá la reflexión y la ponderación, que no puede ser exclusiva de los jueces militares, sino que quizá, abunde más en la justicia ordinaria. Que el sistema de “pesos y contrapesos” es ideal; que el sistema judicial sería el contrapeso, equilibrio y balancín para contrarrestar los excesos de algunos policías. Así lo enuncia Del Percio (2009):

El sistema de frenos y contrapesos es el mejor sistema hasta ahora conocido para atacar el problema de la corrupción en el propio nivel gubernamental. En tal sentido, tiene particular relevancia la existencia de un Poder Judicial confiable, eficaz e independiente de los otros poderes. Si bien sería deseable que esto fuera siempre así, la experiencia indica que los juegos de intereses propios de la actividad política y de gobierno, dificultan la plena realización de este ideal (p. 125).

Conclusión sobre el aporte del elemento estratificación y de la teoría de la dominación social que contribuyeron a implementar en la Policía Nacional de Colombia la justicia penal militar

A la Policía Nacional se le impuso una estratificación en el seno de la “élite militar”. El régimen castrense quizá tenga un cúmulo de virtudes cuando se aplica a una institución militar, pero muchos defectos cuando su destinatario es un conglomerado de naturaleza civil. Los dos grupos son antagónicos; uno, el militar, por filosofía siempre tiene al frente un “enemigo” al que se debe aniquilar o destruir, mientras que el otro, el policial, por principio deontológico, siempre tiene delante a un “amigo” a quien se debe ayudar o proteger.

A la Policía Nacional, como advenediza, foránea o ajena a la “élite” militar, se le estratificó, niveló o ubicó en una escala jerárquica o piramidal, teniendo como criterio de estratificación la época del primer egreso de sus oficiales; no obstante que la Policía Nacional nació en 1891, mucho antes que la Fuerza Aérea, a la institución policial se le otorgó el nivel del “recién llegado al estamento castrense”.

Esta estratificación social de la Policía Nacional por parte de los militares permitió avasallar, someter y doblegar; se asintió y aceptó el ejercicio de la dominación social de los militares sobre un estamento civil. En general, se aprecia en el policía la prepotencia, la tosquedad, la aspereza, la ordinariez y la chabacanería. Es una herencia que, a pesar de la lucha por “la civilidad”, aún se mantiene.

Empero, en realidad lo que más ha influido para que los policías sean proclives a las actitudes castrenses es, sin lugar a dudas, el haberlos incluido en la justicia penal militar. Por esa razón devinieron, por lo menos, dos grandes consecuencias: en primer lugar, el sometimiento, sujeción y reducción de la institución policial por parte de los militares. En segundo lugar, apareció en los policías la prepotencia, grosería e irreverencia, pero no con los militares, sino hacia la comunidad, especialmente contra las personas más humildes, pobres o desvalidas.

El espacio ideal para irradiar autosuficiencia o petulancia por parte del policía, era en los llamados “puestos de control”. Aquí, los únicos que recibirían un trato digno y decoroso, serían los militares y los clérigos. Los demás ciudadanos, entre ellos, los jueces de la justicia ordinaria, recibirían un trato peyorativo y hasta humillante. Obvio, si hubiera existido la posibilidad de llevar al “banquillo de los acusados” a un policía por parte de un juez de la justicia ordinaria, la deferencia y sometimiento del policía hacia el juez común hubiese estado asegurada.

En fin, los militares, a través de la justicia penal militar, quisieron lograr un cambio en la actitud de los policías. Quizá buscaban servidores más humanos, deferentes, comedidos y benevolentes, pero, en muchos casos, se tropezó con lo inesperado: el funcionario ramplón, patán, prosaico y burdo. No siempre se halla lo que se busca. “Hay quienes quieren cambiarlo todo, sin advertir que así lo único que consiguen es que todo siga igual o peor” (Del Percio, 2009, p. 11).

Ahora que en Colombia se acerca el posconflicto armado y que quizá no haya necesidad de enfrentar a enemigos sino solo a delincuentes o a manifestantes violentos que impiden que otros ejerzan sus libertades, la justicia penal militar en la Policía Nacional se percibiría como anacrónica, absurda, irracional e insensata. Debe realizarse una interpretación similar a la de la Corte Constitucional de Colombia cuando menciona que el policía es un funcionario más del Estado²³.

Obvio que ningún funcionario público está obligado a proteger a las personas en la calle ni a exponer y sacrificar la vida en ejercicio de su cargo, ni comete actos punibles equivalentes a aquellos en que puede incurrir un policía en ejercicio de su función; por ejemplo, cualquier funcionario público está facultado, pero no obligado, a capturar; en cambio el policía sí está obligado; lo mismo ocurre frente a allanamientos o a reyertas o manifestaciones públicas violentas.

Pero entonces, entrarán en juego la sindéresis, el razonamiento y el discernimiento tanto del fiscal como del juez común al momento de la imputación o del juicio. Será cuestión de analizar cada caso en concreto. Habrá el momento para la reflexión y la ponderación, que no puede ser exclusiva de los jueces militares, sino que quizá, prolifere más en los jueces y fiscales que integran la justicia ordinaria.

Conclusiones

1. En el posconflicto, la Policía Nacional de Colombia no debe continuar bajo el rigor de la justicia penal militar, sino de la justicia penal ordinaria.
2. El postulado anterior se justifica en consideración a la tradición eminentemente civilista de la institución policial colombiana.
3. En casi todos los países del orbe los policías jamás son investigados ni juzgados por militares. En Argentina la justicia penal militar, hoy, ya no existe ni siquiera para los militares.
4. En la propuesta ha sido de vital importancia la adecuación o correspondencia de algunos soportes y fundamentos de las categorías analíticas y elementos teóricos de la sociología jurídica, desarrollada en la cátedra por el doctor Enrique Del Percio, del 15 al 19 de julio de 2013, en el Doctorado en Derecho de la Universidad Lomas de Zamora, en Buenos Aires (Argentina).
5. También han sido trascendentales las reflexiones sobre la teoría de la dominación y el condicionamiento social, plasmados por el doctor Del Percio en sus libros La condición social y Política o desafío.
6. De la cátedra de sociología jurídica y de los textos enunciados, contribuyeron en el desarrollo del presente escrito las teorías del condicionamiento social y de la dominación social; igualmente, hubo aporte esencial del elemento estratificación.
7. La dominación de los militares colombianos sobre la Policía Nacional de Colombia se remonta desde su génesis. Con la instauración de la justicia penal militar en su seno el sometimiento se incrementó.
8. Con la dominación militar asegurada, se condicionó la estructura, funcionalidad y juzgamiento de los miembros de la Policía; además, se condicionó a la sociedad colombiana para concebir a la Policía como parte subordinada e inseparable de la organización castrense.
9. A la Policía Nacional se la estratificó por quien tenía el poder de dominación en el momento: el estamento militar.
10. El criterio ideado por los militares para estratificar permitió ubicar al Ejército, en el primer lugar; a la Armada, en el segundo; a la Fuerza Aérea, en el tercero y, a la Policía, en el último.
11. Esta estratificación social de la Policía Nacional por parte de los militares permitió plegar, supeditar y domar; en otras palabras, permitió ejercer la dominación social de una estructura militar sobre un estamento civil.
12. La dominación, el condicionamiento y la estratificación sociales de la Policía Nacional por parte de los militares permite apreciar en ella la prepotencia, la tosquedad, la aspereza y la ordinariez. Es un legado que, no obstante la perseverancia por “la civilidad”, aún persiste.
13. Si en Colombia se llega al posconflicto armado, quizá la Policía no tenga necesidad de enfrentar a enemigos sino solo a delincuentes o a manifestantes violentos que impiden que otros ejerzan sus libertades; entonces, la justicia penal militar en ella se percibiría como anacrónica, absurda e irracional.
14. Si un policía delinque, en la justicia ordinaria también habrá sindéresis, razonamiento y discernimiento al momento de la imputación o del juicio. La reflexión y ponderación no pueden ser exclusivas de los jueces militares; quizá prolifere más en los funcionarios que integran la justicia ordinaria.

Referencias

Bahamón, X., y Gómez, Y. (2017). El activismo judicial en el proceso disciplinario. Revista IUSTA, 2(47), 143-163. DOI: https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2017.0047.06. Recuperado de http://revistas.usta.edu.co/index.php/iusta/article/view/3807/3746

Del Percio, E. (2009). Política o desafío. Buenos Aires, Argentina: Editorial Suramericana S. A.

Del Percio, E. (2010). La condición social. Buenos Aires, Argentina: Jorge Baudino Ediciones.

González, P. (2016). El Estado abierto: el pensamiento de Karl R. Popper en la obra de Peter Häberle. Revista Via Inveniendi et Iudicandi, 11(2) 105-126. Recuperado de http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/3278/3090

Huertas Díaz, O., Rumbo Bonfil, C., y Uribe Taborda, A. (2018). El juez de vigilancia penitenciaria en España, como referente de la ejecución penal en América Latina. Revista IUSTA, 1(48), 73-96. DOI: https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2018.0048.03. Recuperado de http://revistas.usta.edu.co/index.php/iusta/article/view/4087/3882

Hurtado, M. (2017). Crisis de la forma jurídica y el despertar antisistémico: una mirada desde el pluralismo jurídico de las juntas de buen gobierno (JBG). Revista IUSTA, 2(47), 19-33. DOI: https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2017.0047.01. Recuperado de http://revistas.usta.edu.co/index.php/iusta/article/view/3810/3749

Real Academia Española. (s. f.). Diccionario de la lengua española. Recuperado de https://dirae.es/palabras/estamento

Romero, G. (2017). Libertad vs. populismo punitivo: ¿deben respetarse los derechos humanos en el proceso penal? A propósito de la nueva declaratoria de estado de cosas inconstitucionales para el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Revista Via Inveniendi et Iudicandi, 12(1), 89-117, Recuperado de http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/3561/3449

Valderrama, I. (2016). El principio de congruencia en el proceso penal. Revista Via Inveniendi et Iudicandi, 11(2) 159-180. Recuperado de http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/viei/article/view/3280/3092

Normas

Constitución Política de Colombia de 1991.

Decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891.

Decreto 434 del 13 de abril de 1907.

Decreto 783 del 6 de julio de 1907.

Decreto 1277 del 7 de julio de 1937.

Decreto 171 del 30 de enero de 1952.

Decreto presidencial 1814 del 10 de julio de 1953.

Decreto presidencial 1426 del 4 de mayo de 1954.

Ley 126 del 31 de diciembre de 1919.

Jurisprudencia

Corte Constitucional. (2001). Sentencia SU-1184 del 13 de noviembre de 2001, M. P. Luis Eduardo Montealegre. Bogotá D. C., Colombia.

¹ De conformidad con el profesor Valderrama (2016): “Desde tiempos inmemoriales se ha establecido como necesidad la tarea de administrar justicia, la misma para lograr el equilibrio en las relaciones sociales de todos los administrados. Esa tarea, quizá, sea una de las más difíciles que puede tener un ser humano dentro de todas las demás que pueda desarrollar en una comunidad; por supuesto, la evolución de dicho proceder ha sido enmarcada en varias ramas del derecho, pero con mayor relevancia en lo que hoy se conoce como derecho penal. Se debe entender esta acepción como una herramienta de naturaleza coercitiva que posee el Estado con el fin, en principio, de prevenir conductas de naturaleza reprochable. Seguido a ello, imponer sanciones, garantizar reparaciones y finalmente ofrecer a los administrados una respuesta pronta y oportuna a situaciones en concreto, todo esto por supuesto sin llegar a los excesos o la precariedad en su materialización, lo que implica un profundo respeto por los principios y garantías fundamentales” (p. 160).

² Al respecto, y de conformidad con Hurtado (2017), “Desde finales del siglo XX el modelo clásico del derecho está viviendo un profundo agotamiento, debido a la insatisfacción de los modelos culturales y normativos. Esto ha traído como consecuencia el surgimiento de nuevas posturas antihegemónicas, que propenden hacia nuevas rutas que posibiliten la autonomía, la reconstrucción de la democracia, la redefinición de las funciones del Estado y el reconocimiento a otras formas de organización social por parte de nuevos actores emergentes” (p. 19).

³ El Decreto 1426 del 4 de mayo de 1954, estableció que las Fuerzas de Policía serían investigadas y juzgadas por la justicia penal militar.

⁴ El Decreto 171 del 30 de enero de 1952, crea, dentro de la Policía Nacional, un cuerpo de Policía Militar. En su artículo 2º establecía que este personal, cuando cometía algún delito, sería investigado y juzgado por la justicia penal militar.

⁵ El Decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891, es la norma por la cual se organiza un cuerpo de Policía Nacional.

⁶ Constitución Política de Colombia, artículo 218.

⁷ La Constitución Política de Colombia, artículo 213, prevé que en ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.

⁸ Al respecto y en el marco de la filosofía del derecho, se considera importante hacer referencia a Popper, quien propone la comunidad cosmopolita de hombres racionales, y a Häberle, quien plantea la comunidad cosmopolita de ciudadanos. En ambos casos, el objetivo es la búsqueda eterna de la justicia y la verdad a través de la razón humana (González, 2016).

⁹ A partir del Decreto presidencial 1814 del 10 de julio de 1953, la Policía Nacional conformaría las “Fuerzas de Policía”, como la “Cuarta Fuerza”, dependiente del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia.

¹⁰ De conformidad con el Decreto presidencial 1426 del 4 de mayo de 1954, todos los miembros uniformados de las Fuerzas de Policía debían ser investigados y juzgados por la justicia penal militar.

¹¹ Palabras pronunciadas por José Acevedo y Gómez, prócer de la independencia de Colombia, conocido como el “Tribuno del Pueblo”, el 20 de julio de 1810, para avivar el sentimiento revolucionario del pueblo.

¹² Decreto 434 del 13 de abril de 1907.

¹³ Decreto 783 del 6 de julio de 1907.

¹⁴ Ley 126 del 31 de diciembre de 1919.

¹⁵ Decreto 1277 del 7 de julio de 1937.

¹⁶ Decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891.

¹⁷ Ley 126 del 31 de diciembre de 1919.

¹⁸ Real Academia Española. Diccionario usual.

¹⁹ Como comentario a lo manifestado, es de importancia resaltar lo dicho por Huertas, Rumbo y Uribe (2018), para quienes, “La jurisdicción penitenciaria presenta tres vertientes de actuación muy diversa: en primer lugar, responde al ya indicado propósito de judicializar la ejecución, es decir, el reforzamiento de la garantía de ejecución, convirtiéndola de administrativa en judicial, o si se prefiere, judicializando por completo lo que antes solo estaba en una pequeña parte. En segundo lugar, el juez de vigilancia penitenciaria se convierte en el garante del correcto funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, al menos en aquellos casos que más directa y particularmente afecten a los derechos de los internos. Finalmente, tiene atribuida la facultad de formar propuestas a la administración penitenciaria en aquellas materias relativas a actividades regimentales, económico-administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto” (p. 76).

²⁰ Al respecto, es importante anotar que varias investigaciones han evidenciado que “la necesidad de disminuir los índices delincuenciales en el país ha venido justificando de manera soterrada la relativización de los derechos humanos” (Romero, 2017, p. 89).

²¹ La palabra “atarbán” es usada como adjetivo en gran parte de Colombia para calificar a una persona de bruscos modales, patán, guache u ordinaria. Aunque su significado es de dominio público y cualquier colombiano sabría usarla, esta palabra de origen muisca no aparece ni en el Diccionario Larousse Ilustrado ni en la última edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Tampoco figura en varios diccionarios de colombianismos ni de terminología local. Por esta razón no existe una grafía definida para esta palabra, pues, al no ser reconocida por los grandes “doctores de la lengua” como una palabra oficial del vocabulario, puede escribirse como “atarván” o “atarbán”.

²² Sentencia SU-1184 del 13 de noviembre de 2001. Posición de garante y la Fuerza Pública, M. P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional.

²³ Lo manifestado esta en conexión directa con el fenómeno del activismo judicial el cual puede ser entendido como: “1) un error judicial grave, 2) un resultado controversial o indeseable, 3) cualquier decisión que anule una ley y, 4) una combinación de las anteriores con otros factores” (Bahamón y Gómez, 2017).