¿Es el secreto profesional del abogado una autorización para delinquir?
Is attorney–client privilege a license to commit crimes?
Resumen (es)
Este artículo analiza si la confidencialidad abogado-cliente puede fungir como una autorización para cometer delitos, es decir, si el privilegio profesional del abogado es absoluto, incluso cuando encubre actividades ilícitas. La investigación busca determinar los límites del secreto profesional en situaciones en las que la relación abogado-cliente trasciende la asesoría legal legítima y puede involucrar la comisión conjunta de delitos.
En este sentido, el objetivo de este estudio es analizar el alcance jurídico del secreto profesional del abogado y sus posibles excepciones. Para ello, se desarrolla una revisión teórica de los fundamentos constitucionales y legales de dicha confidencialidad, así como un análisis comparado de normas y jurisprudencia en distintos países —Estados Unidos, Alemania, España— para identificar cómo se equilibra el privilegio cliente-abogado con la necesidad de prevenir y sancionar el crimen. Asimismo, se examina el estado del arte en la jurisprudencia colombiana sobre este tema. La metodología empleada es de corte cualitativo y jurídico-dogmático, basada en la interpretación normativa y el análisis jurisprudencial. Se aplica un método comparativo y documental que abarca la revisión de instrumentos internacionales, decisiones de tribunales supranacionales y casos judiciales nacionales, con el fin de delimitar los principios y excepciones que rigen el secreto profesional del abogado.
En su conclusión, el artículo sostiene que el secreto profesional no es un derecho absoluto y no puede ser utilizado para delinquir. Si bien la confidencialidad abogado-cliente es crucial para garantizar el derecho de defensa, esta garantía debe ceder cuando se emplea de forma abusiva para encubrir o facilitar actividades criminales. Las comunicaciones entre abogado y cliente gozan de inviolabilidad solo en la medida en que se enmarquen en el ejercicio legítimo de la defensa jurídica; cuando dichas comunicaciones evidencian la participación del abogado en delitos, dejan de estar amparadas por el privilegio y pueden ser intervenidas por el Estado bajo estrictas condiciones legales. En resumen, ningún privilegio profesional puede considerarse autorización para cometer delitos, por lo que es necesario establecer límites claros al secreto profesional del abogado para evitar su abuso como medio de impunidad.
Resumen (en)
The article “¿Es el secreto profesional del abogado una autorización para delinquir?” (“Is attorney-client privilege an authorization to commit crimes?”) examines whether attorney-client confidentiality can serve as a license to commit crimes, that is, whether a lawyer’s professional privilege is absolute even when used to conceal illicit activities. The research problem is framed as determining the limits of professional secrecy in cases where the attorney-client relationship transcends legitimate legal advice and might involve the joint commission of crimes.
To address this question, the authors’ main objective is to analyze the legal scope of a lawyer’s professional secrecy and its possible exceptions. To that end, the study conducts a theoretical review of the constitutional and legal foundations of such confidentiality, as well as a comparative analysis of laws and case law in different countries (United States, Germany, Spain) to identify how attorney-client privilege is balanced with the need to prevent and punish crime. Likewise, the state of the art in Colombian jurisprudence on the topic is examined. The methodology is qualitative and doctrinal-legal, based on normative interpretation and jurisprudential analysis. A comparative and documentary approach is applied, reviewing international instruments, decisions of supranational courts, and domestic case law, in order to delineate the principles and exceptions governing attorney-client secrecy.
In conclusion, the article asserts that professional secrecy is not an absolute right nor a license to commit crimes. While attorney-client confidentiality is crucial to safeguard the right to a defense, this guarantee must yield when it is abused to conceal or facilitate criminal activities. Communications between lawyer and client are inviolable only insofar as they fall within the legitimate exercise of legal defense; when such communications demonstrate the lawyer’s involvement in crimes, they cease to be protected by privilege and may be subject to state intervention under strict legal conditions. In summary, no professional privilege can be considered an authorization to engage in crime, and thus clear limits on attorney-client secrecy are necessary to prevent its misuse as a tool of impunity.
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