El delito político en Colombia frente al Derecho Internacional Humanitario
The political crime in Colombia in relation to International Humanitarian Law
Resumen (es)
En la Constitución Política colombiana de 1991, el delito político recibe un tratamiento diferencial, preferente, respecto de los delitos comunes, ya que pueden ser indultados o amnistiados por el Presidente; respecto de ellos no procede la extradición y no generan inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos. Por ello, en Colombia se debate actualmente, en el contexto de los diálogos de paz, sobre qué delitos pueden considerarse conexos a los delitos políticos. Algunos actores de la política colombiana han interpretado que Colombia no puede aplicar medidas de justicia transicional para conductas punibles como el homicidio contra persona protegida, y atentados a los bienes protegidos por el DIH, pues se estarían incumpliendo obligaciones internacionales derivadas del Estatuto de Roma. Otros sectores de la opinión, por el contrario, han defendido la posibilidad de una amnistía por delitos cometidos en el contexto del conflicto armado, incluidos los atentados a personas y bienes protegidos por el DIH, siempre que no tengan el carácter de sistemáticos, o que no se trate de los máximos responsables. En Colombia no existe un concepto legal o constitucional del delito político pero sí normas y decisiones
judiciales que excluyen de esta categoría ciertas conductas. Al final del artículo, se plantean alternativas que aportan a la superación de uno de los obstáculos jurídicos al proceso de paz.
Resumen (en)
and preferential treatment, compared with common crimes, as they can be pardoned
or amnestied by the President; in reference of them extradition does not
proceed and generate no disabilities for public office. Therefore, in Colombia it is
currently under discussion in the context of the peace dialogues which crimes can
be related to political crimes. Some actors of Colombian politics have interpreted
that Colombia cannot apply transitional justice measures for punishable offenses
such as homicide against protected persons, and attacks on property protected
by International Humanitarian Law, as it would breach international obligations
arising from the Rome Statute. However, other sections of public opinion have
defended the possibility of an amnesty for crimes committed in the context of
armed conflict, including attacks on people and property protected by IHL. In
Colombia there is no legal or constitutional concept of political crime, but there
are rules and court decisions that excludes from this category certain offences. At
the end of the article, alternatives that contribute to overcoming one of the legal
obstacles to the peace process are presented.
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