Sanción moratoria por consignación inoportuna de cesantías a servidores públicos: jurisdicción competente y derechos fundamentales
Moratorium indemnification by the late payment of the severance pay (cesantías) to public servants: jurisdiction and fundamental rights
Resumen (es)
Ha sido una constante la incertidumbre en la jurisdicción competente para tramitar y decidir los procesos que versan sobre el pago de la indemnización moratoria por consignación tardía de cesantías a servidores públicos. Partiendo de un estudio conciso sobre el alcance de las tesis jurisprudenciales edificadas al respecto, y paralelamente, de sus ambigüedades, matices y efectos en los procesos instruidos por despachos laborales y contencioso administrativos de nuestro país, el autor asevera y explica por qué la ausencia de uniformidad y coherencia en cuanto a la vía procesal de solución de estas controversias constituye una trasgresión a los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. En la parte final, se enaltece la reciente adopción de un criterio más o menos unívoco como garantía de verdadero respeto al precedente judicial, aunque se llama a la prudencia frente a la aplicación sorpresiva de cambios jurisprudenciales a procesos ejecutivos en curso.
Resumen (en)
It has been a constant the uncertainty in the jurisdiction that processes and decides lawsuits about the moratorium indemnification by the late payment of the severance pay (cesantías) to public servants. Beginning from a concise study about the scope of the jurisprudential thesis built around the previous statement, and its ambiguities, nuances and effects in the labor courts and contentious-administrative courts of our country, the author asserts and explains how the lack of uniformity and coherence about the proceeding for the solution of these controversies, constitutes a transgression against fundamental constitutional rights, mainly the due process, equality, access to the administration of justice and the principles of legitimate expectations and legal certainty. At the end, this work exalts the recent adoption of a more or less uniform criterion as a guarantee of true respect for the judicial precedent, nevertheless, it is necessary to be prudent about the surprising application of jurisprudential changes to ongoing executive proceedings.
Referencias
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