Algunas consideraciones sobre el marco jurídico de protección del inversor en derecho español

Maria Valmaña Ochaita

Resumen


La protección del inversor y la eficiencia de los mercados de valores
son dos principios de política legislativa básicos dentro del Derecho del Mercado
de Valores, tal y como se refleja en el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores
de 1988. El legislador español, como en otros ordenamientos jurídicos de nuestro
entorno, ha considerado que la protección del inversor está conectada en gran
medida con la información. Por ello ha instaurado un sistema basado en la
información conocido como «transparencia informativa o full disclosure» que
encuentra sus orígenes en el Derecho anglosajón y se fundamenta en la
imposición de un sistema de carga informativa al emisor de valores acompañado
de un sistema de supervisión de dicha información, que en España se lleva a cabo
por la CNMV. Con ello se pretende garantizar la seguridad y confianza de los
inversores a través del acceso de los mismos a una información homogénea,
pública y obligatoria para los emisores y, en consecuencia, favorecer la eficiencia
de los mercados. Para determinar el grado de protección que el ordenamiento
jurídico debe conceder a cada inversor es necesario tener en cuenta las distintas
modalidades de inversor que existen en Derecho español y que han sido elevadas
a categorías legales. Asimismo, resulta conveniente a la hora de valorar la
eficiencia del sistema de protección del inversor conocer si a los mecanismos
informativos del sistema le acompañan otros de naturaleza sancionadora e indemnizatoria como sucede en países de nuestro entorno a efectos de potenciar
el cumplimiento de las normas sobre información.

Palabras clave


Transparencia informativa, principio de protección del inversor, eficiencia de los mercados, CNMV, responsabilidad civil, inversor medio, inversor cualificado

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DOI: https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2010.0001.01

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