Régimen de apoyos en Colombia: el dilema de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad

Resumen (es)

Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) mediante la Ley 1346 de 2009, con lo cual se comprometió a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de esta población desde un enfoque de dignidad y autonomía. En cumplimiento de este tratado, la Ley 1996 de 2019 eliminó la figura de la interdicción y estableció un régimen de apoyos para que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica en igualdad de condiciones, respetando su voluntad y preferencias.

Sin embargo, desde su entrada en vigor, su implementación presenta importantes desafíos. Entre ellos destacan el desconocimiento normativo por parte de operadores jurídicos, la falta de articulación institucional y la persistencia de prácticas discriminatorias. Estas barreras se agudizan cuando se consideran factores interseccionales como género, etnia, ruralidad o edad, que han sido insuficientemente abordados en la implementación de la norma jurídica.

Este artículo analiza en qué medida la implementación del régimen de apoyos ha garantizado efectivamente el ejercicio de la capacidad jurídica de la población en condición de discapacidad (PcD) en los últimos cinco años (5 años). De tal manera, se empleó una metodología cualitativa y documental, por la cual se examinan los avances normativos, los obstáculos institucionales y la incorporación del enfoque diferencial, y se proponen recomendaciones para fortalecer una inclusión real de la población en condición de discapacidad.

Palabras clave (es): capacidad jurídica, discapacidad, inclusión, interseccionalidad, régimen de apoyos

Resumen (en)

Colombia ratified the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) through Ley 1346 of 2009, committing to ensure the full exercise of the rights of this population from a perspective of dignity and autonomy. In compliance with this treaty, Ley 1996 of 2019 eliminated the figure of legal interdiction and established a system of supports to allow persons with disabilities to exercise their legal capacity on an equal basis with others, respecting their will and preferences.

However, since its entry into force, the implementation of this law has faced significant challenges. These include a lack of legal knowledge among judicial operators, poor institutional coordination, and the persistence of discriminatory practices. These barriers are exacerbated when considering intersectional factors such as gender, ethnicity, rurality, or age, which have been insufficiently addressed in public policy.

This article analyzes the extent to which the implementation of the support regime has effectively guaranteed the exercise of legal capacity over the past five years. Using a qualitative and documentary methodology, it examines normative progress, institutional obstacles, and the incorporation of a differential approach, proposing recommendations to strengthen real inclusion of the population with disabilities.

Palabras clave (en): legal capacity, disability, inclusion, support system, intersectionality