El problema de la sustentabilidad

The problem of the sustainability

Cruz García Lirios*

Instituto de Estudios Tecnológicos de México

Recibido: agosto 21 de 2006 Revisado: septiembre 30 de 2006 Aceptado: noviembre 25 de 2006



RESUMEN

Al ser más un proyecto de crecimiento económico que de desarrollo humano, la sustentabilidad implica al Estado como su principal obstáculo. Así mismo, su principal solución se encuentra en la gestión impulsada al interior de las comunidades. Sin embargo, ante las deficiencias del Estado, se han planteado las competencias ecológicas entre individuos con el propósito de conservar los recursos naturales dosificando su consumo, diversificando su utilización y reciclando su estructura física.

Palabras clave: Estado, Comunidad, Crecimiento económico y desarrollo sustentable.



ABSTRACT

The (sustentability), being more a project of economic growth that a human development, implies the State like its main obstacle. Thus same, its main solution is founded in the management impelled into the communities. Nevertheless, in front of the deficiencies of the State, the ecological competitions between individuals have considered in order to conserve the natural resources dosing their consumption, diversifying their use and recycle their physical structure.

Keywords: State, Community, Economic growth and sustainable development.


Delimitación del problema

Los efectos del crecimiento económico de las generaciones actuales sobre el desarrollo económico de las generaciones futuras han sido moderados por tres entidades: el Estado, la comunidad y el individuo.

La primera entidad moderadora es el Estado y sus correspondientes políticas públicas, ejecutadas por sus respectivas instituciones; han sido estudiadas principalmente desde disciplinas como la sociología, la economía y la ciencia política.

La formación del Estado moderno y sus políticas económicas permiten conocer los fundamentos macro y microeconómicos, los cuales son la antesala de las variables que explican el ambientalismo y la sustentabilidad.

La descripción de la formación del Estado moderno inicia con los principios iusnaturalistas del Estado monárquico. El iusnaturalismo es un conjunto de supuestos que tratan de justificar la pertinencia de un Estado que ordene el desorden en que vive la humanidad gobernada por la ley del más fuerte. Al estar en guerra de todos contra todos, causada por deseos que hacen antisociales a las personas, debe imponerse la voluntad de un monarca para conservar la seguridad de un grupo desunido por sus intereses particulares. Los individuos pactan un acuerdo para formar una sociedad estable, siendo la renuncia a sus derechos naturales el principal costo que deben pagar.

Una vez formado este Leviatán, debe formarse, para conservar su coerción, un ejército lo suficientemente poderoso para evitar y, si es el caso, calmar posibles rebeliones. La monarquía absoluta considera que el monarca debe asumir toda la responsabilidad de conciliar, a cualquier precio y con cualquier medio, los intereses de los habitantes. Más adelante, con la monarquía mixta (parlamentaria y constitucional) el monarca no podría delegar el poder ni siquiera al parlamento, salvo con el único límite que tendría una recién formada constitución. Esto indicaba que el poder del monarca se regulaba mediante un conjunto de leyes que quizá no le permitieron actuar como lo haría el ente más fuerte en el iusnaturalismo.

Esta descripción de una humanidad irracional, la cual debe someterse a un orden supremo que la lleve a la buena convivencia, está instaurada en dos elementos muy importantes; se trata de la constitución y la voluntad del monarca.

Precisamente, surge la necesidad de equilibrios entre los poderes ejecutivo (monarca), legislativo (parlamento) y judicial (magistrados). No se concibe un poder mayor a otro; más bien el poder dividido y, a la vez, moderado entre estos tres elementos.

En contraste, al plantearse un contrato social, se reflexiona sobre la propiedad privada y el peligro que se corría al vivir en una sociedad donde todos eran dueños de todo porque sus derechos naturales los justificaban. Así, al no existir las garantías básicas, se plantean tres principios de desigualdad: económica, política y social, siendo la obtención y reconocimiento de una propiedad el primer indicador de diferencia en la sociedad. La segunda desigualdad humana sería la política, que no le asistía a los súbditos, sólo al monarca. Es así como en un Estado despótico las garantías de propiedad, al ser exclusivas de la familia monárquica, constituyen la tercera desigualdad de la humanidad: la libertad al menos económica. Se necesitaba un contrato social para evitar esas tres desigualdades, como ahora se necesita otro para la sustentabilidad (Elizalde, 2003).

Dicho contrato social fue el bosquejo de un Estado democrático y la supresión del despotismo en Francia. Los acuerdos y las coincidencias como la expresión de las voluntades individuales fueron el contenido de este contrato. De esta forma, la soberanía popular tuvo tres características: unicidad, indivisibilidad e inalienabilidad.

Sin embargo, si a lo irracional le correspondía la naturaleza humana; entonces a lo racional, la civilización humana. En consecuencia, la suma de racionalidades individuales devendría en una racionalidad objetiva: el Estado monárquico representado por un individuo racional y representante de los individuos racionales. La irracionalidad quedó excluida del poder político, después del económico y se adentró en la cultura para después resurgir como estructura recuperable en la comprensión de los procesos comunitarios que se contraponen a la racionalidad económica o al homus economicus que tomaba las decisiones a partir de un cálculo de probabilidades consecuentes.

De este modo, se justifica una desigualdad humana: la razón no es para todos, su ausencia deslegitima todo sistema político alterno. Sólo la libertad se garantiza en un Estado racional. Lo racional legitima el poder, sea político o económico. Esto implica un paradigma precursor que orientó a la humanidad hasta el contexto actual en el que deviene un paradigma alternativo orientador de un proyecto que a la humanidad le permitirá crear las instituciones necesarias para moderar el efecto del crecimiento económico, reflejado tanto en la extinción de los recursos naturales energéticos, como en el bienestar subjetivo. Dicho proceso implica la concepción de un proyecto favorable a la humanidad y a su entorno: el desarrollo sustentable (Harto, 2006).

Ahora bien, las relaciones y los modos de producción son los fundamentos sociohistóricos para develar el proceso de acumulación del capital como proceso contradictorio, en el que una burguesía acumulaba la riqueza usurpando el trabajo de los proletarios y deteriorando el medio ambiente. En consecuencia, la supresión del Estado como moderador de los efectos del sistema económico sobre el comportamiento humano y su entorno. Esto es un error porque los sistemas al configurarse por una relación indirecta de elementos exógenos sobre endógenos requiere de elementos moderadores que les permitan dicha relación. Es decir, un modo de producción requiere de una entidad reguladora de esas relaciones. Un modo de producción no se impone directamente, se legitima indirectamente a través de leyes, creencias, conflictos y negociaciones. Esto significa un proceso en el que una racionalidad económica se confronta con una irracionalidad afectiva en un escenario que se ha estado desgastando.


Conceptuación del problema

Tres vertientes se contraponen a los principios expuestos:

Instrumentalista. Concibe al Estado como un anexo de la burguesía en el que las políticas económicas públicas favorecen el crecimiento económico e impiden el desarrollo sustentable. En la sociedad actual, para colocar un ejemplo, los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, al condicionar el préstamo de dinero solicitando cambios estructurales que permitan la libre circulación, especulación, fuga y acumulación del capital, determinan dicho crecimiento económico. Son estos organismos internacionales, y no los Estados nacionales, los moderadores.

Ideologista. Estudia cómo está representado el Estado por las personas. Sugieren que se ha mistificado en demasía la función del Estado como promotor y conciliador de un crecimiento económico. Esta vertiente resulta interesante en su aproximación porque se adentra en los aspectos psicológicos que fundamentarían por qué las personas prefieren crecer económicamente, aunque esto sea sólo exclusivo de grupos económicos que tienen el control financiero.

Estructuralista. Analiza las funciones del Estado como moderador (promotor) del crecimiento económico. Dicha promoción se inicia reformando los estatutos constitucionales y su adecuación para garantizar la venta de paraestatales, la inversión extranjera en la extracción, sobreexplotación y distribución de recursos energéticos. Esto implica el crecimiento de la propiedad privada (con su consecuente monopolización), la competencia de capitales en sectores claves de la economía, la mano de obra liberada, abundante, barata y disponible, y el deterioro de los recursos naturales inherentes a los recursos energéticos.

El Estado, al ser moderador de los efectos del crecimiento económico sobre el comportamiento humano y su entorno, se encuentra ante dos opciones: propone reformar la constitución o pospone dichos cambios, permite el libre fluir financiero o lo regula, maximiza el desempleo y el subempleo o lo abate, coadyuva al empobrecimiento o lo extiende a las clases medias, tolera la extinción de los recursos naturales o lo retarda.

En efecto, es tanto el sistema capitalista como el Estado moderno los que promueven un comportamiento conservador de la estructura de poder económica, política y social. El Estado ante una crisis económica, mediante la perecuación de la tasa de ganancia, la devaluación de la moneda y la inversión estatal, ha favorecido a dos sectores: el financiero y el energético.

Consecuentemente, los países de América Latina, al retomar los fundamentos del Estado moderno, permitieron la sobreexplotación, contaminación, destrucción, escasez y extinción de los recursos naturales (principalmente agua, petróleo, gas y electricidad), así como la desocupación, el desempleo, el subempleo, la abismal diferencia en el ingreso entre ricos y pobres, el aumento de la deuda tanto externa como interna, sus correspondientes altas tasas de interés y la inflación permanente (Díaz, 2004).

Por lo tanto, un recorrido sociohistórico económico y político de las problemáticas más sentidas en la sociedad (crisis económicas por efectos dominó y fuga de capitales, consecuente desequilibrio en la balanza comercial, subsiguiente desempleo, subempleo, desocupación y el consiguiente deterioro en la calidad de vida que se manifiestan de 1960 a la actualidad) demuestra la moderación del Estado en el impacto del crecimiento económico sobre la naturaleza y la humanidad. Se evidencia la necesidad de una política económica ajustada a una racionalidad ambiental para conservar la estructura de poder económica, política y social. Se hace imprescindible la necesidad de innovar, modelar, analizar y predecir un comportamiento que gestione una política económica para garantizar satisfactores básicos, tales como salud, empleo y educación, la explotación estratégica de los recursos naturales, la transferencia de tecnología a las comunidades y a las generaciones venideras (Gudynas y Villalva, 2006).

La historia de la formación del Estado moderno tiene dos vertientes: la primera indica que el Estado ha sido una entidad que regula y hace compatibles los intereses humanos; la segunda vertiente denuncia que el Estado ha sido un instrumento para ejercer el poder político y económico. El ejercicio de dicho poder se ha centrado en la explotación, deterioro y extinción de los recursos naturales y de los recursos humanos. En tal sentido, el Estado ha sido lo suficientemente conciliatorio para retardar la extinción de la biodiversidad y con ella la muerte de la humanidad como la conocemos hasta hoy (Torres, 2004).

Debido a la racionalidad orientada al progreso, en América Latina la sobreexplotación, contaminación, destrucción, escasez y extinción de los recursos naturales (agua, petróleo, gas y electricidad), así como la desocupación, el desempleo, el subempleo, la abismal diferencia en el ingreso entre ricos y pobres, el aumento de la deuda tanto externa como interna, sus correspondientes altas tasas de interés y la inflación permanente son resultantes de cinco modalidades de política económica: estabilizadora, conciliadora, ortodoxa, heterodoxa y neoliberal determinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (Fernández, Güemes y Vigil, 2006). Es importante aclarar que los supuestos teóricos del monetarismo y el intervencionismo son los principales argumentos de la política económica en América Latina (Huerta, 2005).

Los monetaristas plantean que el libre juego de las fuerzas del mercado establece una economía próxima al pleno empleo y, por consiguiente, la intervención del Estado se debe reducir a lo mínimo posible; en esencia, a controlar estrictamente la cantidad de dinero. Es decir, las economías tienden a largo plazo hacia el pleno empleo de los recursos productivos y el gasto público debe limitarse en lo posible para equilibrar el presupuesto público anualmente. En contraste, los Intervencionistas sostienen que el Estado mediante una política fiscal debe estabilizar la economía, ante una recesión motivada por una demanda agregada de forma insuficiente. El sector público debe intervenir manipulando los gastos y los impuestos. Por lo tanto, el presupuesto se debe equilibrar cíclicamente.

En este sentido, la política económica estabilizadora ha sido definida como la interpretación del desarrollo (apertura al comercio exterior, valuación adecuada de la moneda, incentivos al ahorro interno, estimulación de la inversión extranjera y compensación de la balanza de pagos) a partir de programas e instrumentos de estabilidad fundamentados por la teoría monetarista y la práctica tecnócrata que favorecen un oligopolio en el financiamiento, producción y comercialización (Murillo, 2004).

Dichos programas se dan en los siguientes ámbitos:

Monetario. Plantea el proceso inflacionario como el efecto de una demanda neutralizada mediante restricciones monetarias, emisión y circulación mínima de dinero, regulación del crédito, eliminación de déficit fiscal, supresión de subvenciones, eliminación de déficit paraestatal y ajuste de los salarios en función de la productividad.

Comercial externo. Implica al Banco Central como corrector de desniveles entre precios nacionales e internacionales, control de la inflación y desajustes en la balanza de pagos (diferencial entre importaciones y exportaciones) mediante un tipo de cambio fijo o fluctuante.

Social. Se considera como ineludible y transitoria la sobreexplotación de los recursos naturales, el límite al empleo, la insuficiencia de oferta y el alza de precios (Alfie, 2003).

Estos programas incluyen seis instrumentos (Dussel, 2004):

Por su parte, la política económica conciliadora auspiciada por la CEPAL ha sido definida como el ejercicio pragmático del poder para contrarrestar el proceso inflacionario en el corto, mediano y largo plazo, el cual es causado por:

Durante las décadas de los 40, 50 y 60 ambas modalidades estuvieron en discordancia; la producción agrícola disminuyó, la industria se estancó y hubo escasa exportación manufacturera y la balanza de pagos se desequilibró. Debido a que se financió el fracaso de la industrialización del mercado interno con deuda externa, su amortización propició un nuevo endeudamiento. En consecuencia, América Latina no sólo se endeudó, sino además su integración regional se obstaculizó.

Finalmente, tanto la política económica ortodoxa como la heterodoxa se definen y fundamentan a partir de la inflación inercial (hiperinflación).

En la primera modalidad, la hiperinflación se genera por un desequilibrio fiscal (se gasta más de lo que se recauda) y plantea su abatimiento mediante la apertura a la inversión extranjera y la liberación del sector financiero a partir de un reajuste en la estructura y finanzas públicas.

En la segunda modalidad, se plantean dos tipos de mercados: fijo y fluctuante. En el primero, el Estado controla el tipo de cambio, el incremento salarial y el aumento de productos agrícolas. En el segundo, deja fluctuar a la alza los productos no agrícolas. Sin embargo, la descoordinación del Estado en el mercado fijo y los sectores productivos en el segundo propiciaron más hiperinflación.

Estas cuatro modalidades de política económica (estabilizadora, conciliadora, ortodoxa y heterodoxa), sus programas y mecanismos antecedieron a la modalidad neoliberal definida por las aperturas a la inversión extranjera directa en bancos, casas de bolsa, las transferencias financieras internacionales y la supresión de controles en las tasas de interés (Fernández, 2006). Durante la década de los 90 esta modalidad y la globalización, definida como la consolidación de megaempresas líderes en tecnología y la maximización de la producción en un mercado mundial simultáneo, facilitaron los efectos dominó definidos como los choques bursátiles de un mercado accionario con otro en economías emergentes, como las de Asia (efecto dragón), Brasil (efecto zamba), México (efecto tequila), Argentina (efecto tango) y Rusia (efecto vodka) (Franco, 2006).

Estos efectos se han explicado desde cuatro teorías:

De esta forma, las dos últimas teorías explican que el efecto dominó es atribuible a choques exógenos inevitables que afectan simultáneamente a varios mercados. Con las estadísticas de los índices de Precios y Cotizaciones (IPC) de México, Dow Jones (DOW) de Estados Unidos, Xetla Dax (DAX) de Alemania, Nikkei (Nikkei) de Japón y FTSE se demostraron los choques bursátiles originados en Wall Stret con efectos dominó asimétricos (influyen más en unas que otras) en las economías emergentes. En consecuencia, el capital financiero norteamericano, a través la banca, centraliza el capital y desvaloriza (utilizando un tipo de cambio que devaluó la moneda y aumentó las tasas de interés) el nivel de la tasa de ganancia para no garantizar el crecimiento sostenible a ningún plazo.

América Latina ha resultado afectada directa, negativa y significativamente por este proceso de centralización y desvalorización, el cual se ve reflejado en la incesante desvalorización de la moneda, bajos precios internacionales de las materias primas, supeditación en el funcionamiento de los sistemas financieros nacionales, descapitalización y desequilibrios intersectoriales.

En tal sentido, la política económica ha oscilado entre la prevención, evitación y auspicio de la estabilidad de precios y el crecimiento económico, la conservación de una estructura económica, política y social mediante el ejercicio, regulación y control del poder, así como la comprensión y explicación de los determinantes sociales. La política económica se ha planteado como centro y mecanismo de decisión para destinatarios sociales con objetivos determinados (Arditi, 2004).

En consecuencia, las modalidades de políticas económicas develan que los Estados latinoamericanos adquieren formas (Sepúlveda, 2003), tales como;

De esta forma, se han consolidado tres tipos de Estados a través de la historia: equilibrio estable con autonomía plena, equilibrio inestable con autonomía relativa y autonomía mínima con desequilibrio permanente (Mella, 2006).


Solución del problema

La segunda entidad moderadora del impacto del crecimiento económico de las generaciones actuales sobre las generaciones futuras son las comunidades, con su correspondiente innovación, autogestión y transferencia de información, las cuales pueden ser estudiadas desde las ciencias de la salud, la antropología, la sociología y la psicología.

La comunidad plantea la construcción social de la identidad hacia un barrio y el apropiamiento de un espacio como las calles, los parques y las plazas (Montenegro, 2004).

Los procesos colectivos que modulan y transmiten el impacto del crecimiento económico sobre las entidades comunitarias se han soslayado. En principio, el Estado, al ser un instrumento de poder, lleva a cabo una política económica que beneficia a un grupo tanto financiero como energético y desfavorece las necesidades comunitarias. De este modo, los estudios se abocan a las políticas públicas y los procesos psicológicos desatendiendo las estrategias que la comunidad ha sentido, innovado, gestionado y transferido de una generación a otra.

En consecuencia, la función moderadora de la comunidad ante el impacto del crecimiento económico en dichos ámbitos locales es explicada desde los paradigmas (principalmente el paradigma crítico constructivista) a partir de la contingencia de una problemática. Es decir, el proceso conceptuación–método–intervención se establece ontológica y epistemológicamente sólo si la naturaleza de la problemática permite la concatenación de los paradigmas en la parte intermedia del proceso.

Su énfasis en los procesos comunitarios soslaya los procesos institucionales. Su esencia interventora es derivada de un enfoque en el que se plantea que a las comunidades no hay que conceptuarlas para probar inferencias decididas de antemano, sino más bien hay que involucrarse con ellas en la consecución de sus demandas y luchas, lo cual implica la aprehensión de estrategias, observación y cuestionamientos que llevan al investigador a sensibilizarse con las necesidades comunitarias y a través de ellas a enriquecer las técnicas de recopilación y análisis de información (Manero y Soto, 2005).

El investigador se convierte, entonces, en un elemento integrante del objeto que eligió estudiar, de tal forma que adquiere conocimientos con la comunidad y los construye por la vía de la interpretación compartida (Musito, 2004).

El contexto socio-histórico incluye necesidades que están representadas en símbolos, significados y sentidos trasladados del pasado al presente en marcos de recuerdos compartidos, que al significarse dan forma a una vertebración de afectos delimitados a espacio generados y difundidos desde el interior de la comunidad.

Así, las necesidades comunitarias de las minorías se diferencian de las necesidades institucionales de las clases medias. Con base en dicha diferenciación, surge un conflicto expresado en la influencia social inconsciente y consciente en las entidades comunitarias en el que se ejerce un poder económico y político para legitimar el dominio de las instituciones y la desligitimación consecuente de las comunidades. Dicho conflicto tendría cinco indicadores: la competencia, la evitación, el ajuste, el compromiso y la colaboración determinados por los valores, las necesidades y las preferencias comunitarias (Laca, 2005).

Ambas, legitimidad y deslegitimidad, se han estado guardando como recuerdos en la gente para autorrepresentarse como diferentes respecto de otras comunidades en el transcurrir de la historia de los pueblos (Barrenetxea, 2006). Y para solucionar el conflicto, es menester la formación de una identidad de grupo y su innovación para solucionar las necesidades, con su consecuente y posterior difusión y transferencia en las generaciones consecuentes.

Finalmente, la tercera entidad moderadora del impacto del crecimiento económico de las generaciones actuales sobre las generaciones futuras son los individuos y sus correspondientes percepciones, valores, creencias, motivos, conocimientos, actitudes, habilidades, competencias, conductas y participación estudiados desde la psicología y la economía (Farr, 2005).

Sin embargo, la afectividad indicada por símbolos, significados y sentidos configura entidades colectivas contrapuestas a las organizaciones. Es decir, los discursos estéticos contrastan con los discursos dominantes que individualizan, legitiman y sustentan el poder principalmente político-económico (Fernández, 2004).

En este sentido, los procesos sustentables se han explicado a partir de dos psicologías (afectiva y cognitiva) en las que se establece la relación entre las emociones, los valores, las percepciones, las creencias y las actitudes, así como los motivos, las habilidades, la creatividad, las competencias, las intenciones y los comportamientos deliberados (Ibáñez, 2004).

De este modo, las variables cognitivas explican la relación entre los determinantes de un proceso sustentable deliberado. En contraste, los factores afectivos describen los procesos sustentables improvisados. Ambos procesos serían esenciales para llevar a cabo más un desarrollo que un crecimiento sustentable.

El desarrollo sustentable implicó afectos que activaron cogniciones. Los individuos, los grupos, las sociedades y las culturas exploraron, comprendieron y construyeron descripciones de sí mismas como parte de un entorno omnipotente. Son entidades que conservaron el equilibrio entre sus necesidades y la disponibilidad de los recursos naturales.

En contraste, el crecimiento sustentable se lleva a cabo a partir de la necesidad de controlar los procesos naturales que afectan directa o indirecta, negativa o positiva y significativamente el comportamiento humano. Así, la explicación, la predicción y la intervención en el entorno son esenciales para la humanidad actual y futura. Este tipo de ciencia explicativa, predictiva y tecnológica-interventora es la suma de cogniciones: razonamientos y planificaciones sistemáticas (Piña, 2005).

En efecto, la humanidad es parte de un entorno, ha explicado más que explorado; y ha modificado, más que conservado, los efectos de lo natural sobre lo humano.

En consecuencia, para el caso de México, el 27,7% de la población infantil es extremadamente pobre (UNICEF, 2005) y está concentrada en 4 millones en el Estado de México, los cuales contrastan con los 8 millones de personas entre 15 y 64 años. Ambos grupos coexisten en la zona con mayor densidad poblacional 12’472.648 de habitantes.

Ahora bien, el 56.3% de la población masculina y el 48.3% de la femenina entre 15 y 64 años trabajan entre 35 y 48 horas a la semana para sostener sus hogares con ingresos máximos de dos salarios mínimos.

En tal sentido, la relación entre las actuales y las futuras generaciones implica intereses más divergentes que convergentes. Ambas son esenciales tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo sustentable de la humanidad. A partir de las situaciones derivadas por el cambio climático, se ha planteado un sistema de desarrollo equilibrado entre lo que en la naturaleza se encuentra disponible para el consumo humano y lo que la humanidad está dispuesta a consumir. En este sentido, la alianza entre las generaciones actuales y futuras es indispensable para vislumbrar nuevas formas de desarrollo: valores, creencias, actitudes, motivos, habilidades, conocimientos, intenciones, creatividad y comportamientos. Igualmente, deben plantearse nuevas formas de crecimiento: investigación, explotación, transformación, distribución, venta, promoción y consumo de productos y servicios.

El desarrollo sustentable implica la convergencia de los intereses de las actuales y las futuras generaciones para la exploración, descripción, explicación y predicción de un nuevo sistema competitivo y en equilibrio con la disponibilidad de los recursos naturales.

En consecuencia, la explosión demográfica y la densidad poblacional son las causas principales de la probable extinción de la humanidad como especie. La escasez, desabastecimiento e insalubridad del agua que se espera para el 2025 puede ser la problemática que acelere dicha extinción (Breña, 2004).



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* Correspondencia: Cruz García Lirios, Instituto de Estudios Tecnológicos de México, correo electrónico:csh96327267@titlani.uam.mx